El secretario de Estado español para la Unión Europea, Diego López Garrido, avanzó ayer la posibilidad de que el Gobierno acorte de 10 a 5 años el plazo máximo para que un inmigrante que haya sido expulsado de España intente regresar a este país. Así lo indicó en un desayuno informativo en la Casa de América, donde subrayó que este cambio vendrá motivado por la directiva europea de retorno, que entrará en vigor en dos años, y que afectará a España sólo en este punto. La directiva de retorno, aseguró, "prácticamente no va a tener ninguna influencia" en España, dado que este país cuenta con una de las legislaciones "más garantistas" en materia de inmigración.
