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Garzón aprecia indicios de delito en Camps y en 4 aforados más

El juez Garzón se ha inhibido en favor del TSJ de Valencia en el caso Gürtel al haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PP valenciano y diputado regional Ricardo Costa, hermano del miembro de la Ejecutiva nacional Juan Costa.

el 15 sep 2009 / 23:36 h.

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El juez Garzón se ha inhibido en favor del TSJ de Valencia en el caso Gürtel al haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PP valenciano y diputado regional Ricardo Costa, hermano del miembro de la Ejecutiva nacional Juan Costa.

Garzón adopta la decisión de inhibirse con respecto a estos dos aforados en un auto en el que imputa en esta causa por cohecho y tráfico de influencias a otros dos no aforados, José Víctor Campos Guinot (ex vicepresidente de la Generalitat valenciana y Consejero de Justicia y Administraciones Públicas) y Rafael Betoret Parreño (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo valenciana).

El juez emite estos autos después de que la Fiscalía Anticorrupción le indicara el pasado miércoles que debe inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber aforados regionales en la causa, y no ante al Tribunal Supremo -como pretendía el juez- por no apreciar indicios suficientes contra diputados, senadores o eurodiputados del PP.

A este respecto, el juez explica que la Fiscalía desestimó la inhibición ante el Supremo porque "no había elementos suficientes" contra el eurodiputado del PP Gerardo Galeote, cuyo nombre ha aparecido durante la investigación de esta causa.

En este mismo auto, Garzón sostiene que la organización dirigida por el imputado en prisión Francisco Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova". No obstante, los cambios en 2004-2005 "dentro de la dirección" del PP "provocarían un cambio en la tendencia" y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas de Correa, aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia [Orange Market]", cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes.

Según Garzón, El Bigotes, que se encuentra en libertad con comparecencias semanales, realiza labores de intermediación para Camps como por ejemplo cuando trata de conseguir una entrevista con un candidato a ocupar un puesto en el gobierno americano, para "con ello obtener una ventaja". Dentro de esa labor de intermediación, el juez explica que Camps acude a Madrid "a instancias" de Pérez Alonso con el fin de adquirir ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el testigo José Tomás, persona de confianza de El Bigotes. Ahora, el magistrado acusa directamente a Camps de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad por valor de unos cuatro millones.

Señala también que Camps adquirió "prendas y objetos disimulados en otros pedidos ajenos a las prendas obtenidas y, en algún supuesto, en facturas por gastos del stand de Fitur". En la contabilidad B del piso franco que esta red poseía, apareció una hoja de ingresos y su distribución, con un apunte fechado el 18 de diciembre de 2002 en el que figura una cantidad de 1.000.000 de euros sin constar su procedencia. Costa, por su parte, se mostró ayer "indignado" tras conocer el auto y afirmó que el partido colaborará con la Justicia para demostrar que esas acusaciones "son infundadas". En el mismo sentido se manifestó el vicepresidente de la Comunidad Valencia, Vicente Rambla, que aseguró que se aclarará la "no relación" de Camps con la trama.

Más imputados. A última hora de ayer, Garzón se inhibió también en favor del TSJ de Madrid, al encontrar indicios de responsabilidad penal en la actuación de los diputados autonómicos del PP Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, que podrían haber cobrado 1,2 millones en comisiones. Además, imputó a los alcaldes de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y Arganda del Rey, Ginés López, ambos del PP; al ex diputado madrileño y ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente; al ex edil de Boadilla del Monte José Galeote, al ex concejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote; y a Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla. Garzón les considera presuntos autores de los delitos de fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Anoche, la dirección nacional del PP expresó su plena confianza en Camps y en Costa.

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