Arropado por pancartas y medio centenar de simpatizantes –diez de ellos magistrados, como Santiago Pedraz–, algunos de los cuales abuchearon y tildaron de “fascistas” a los acusadores, el juez Baltasar Garzón comenzó ayer a responder ante el Tribunal Supremo de la acusación de haber autorizado escuchas a los acusados de la trama Gürtel mientras hablaban con sus abogados. Es el primero de los tres procesos contra el magistrado, que también se enfrenta a una causa por investigar el franquismo y a otra por aceptar un supuesto trato de favor del Banco Santander que le pueden costar la carrera.
El juez suspendido de la Audiencia Nacional justificó ayer ante el Supremo su orden de intervenir las conversaciones en prisión de los cabecillas de la Gürtel con sus abogados –por lo que se enfrenta a una pena de inhabilitación de 17 años, que pide como acusación particular el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, mientras la fiscalía no presenta cargos–. Para este juez ahora juzgado, era necesario impedir que los miembros de la red delictiva blanquearan capitales y evadieran dinero con la ayuda de sus letrados.
La vista se inició por la mañana con las cuestiones previas planteadas por el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra; y continuó por la tarde tras señalar a Garzón el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, que para declarar como imputado debía despojarse de la toga de juez y sentarse en el banquillo. Hasta ese momento, el juez había estado sentado en el banco destinado a los letrados de la defensa junto a su abogado. Con una voz muy débil y ronca, fruto de la afonía –y de una fiebre de 39 grados que padece–, Garzón contestó durante dos horas a las preguntas del abogado y acusador particular Ignacio Peláez, cuya querella inició este procedimiento contra él, y negó que las intervenciones le permitieran conocer la estrategia de defensa de su cliente, el constructor Ulibarri. Añadió que las estrategias de defensa además “le importaban bien poco” para la investigación, pues su intención no era otra que la de “evitar la continuación de la acción delictiva” relacionada con el blanqueo de capitales y la evasión del dinero.
Garzón insistió en que la actividad delictiva continuaba en prisión por parte de los integrantes de la trama corrupta, y que las escuchas le brindaban “la única posibilidad que tenía” como juez para poder perseguir los delitos y conciliar este interés con la protección de los derechos de las partes en el proceso.
Los abogados “eran parte nuclear” de las actividades de la trama corrupta, según Garzón, concretamente Ramón Blanco Balín, José Antonio López Rubal y Manuel Delgado, quienes posteriormente resultaron imputados, al igual que los cabecillas de la trama Gürtel, por blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho, asociación ilícita, falsedad y tráfico de influencias.
El acusador Peláez recordó en el transcurso de la vista a Garzón que él mismo señaló en el auto de autorización de las escuchas que éstas no pueden realizarse salvo por orden judicial o en supuestos de terrorismo. Mientras que a esto asintió Garzón, replicó ante otro de los argumentos de la acusación: que la Fiscalía le pidió hasta tres veces que eliminara las escuchas de la causa. El juez señaló que el fiscal no cuestionó “en ningún momento” la interceptación de conversaciones.
En este sentido respondió al abogado de Correa, José Antonio Choclán, que la decisión de poner escuchas a los imputados de la trama Gürtel y sus abogados fue planteada por la Policía y autorizada por él ante el temor de que evadieran capitales. “Pero no fueron un cheque en blanco”, remató Garzón, quien señaló en respuesta a otro de los acusadores, Pablo Rodríguez Mourullo (abogado de Pablo Crespo, imputado en el caso Gürtel) que se respetó “escrupulosamente” el derecho a la defensa de los espiados por orden suya. El juicio continúa hoy y previsiblemente terminará mañana La sesión de hoy se centra en escuchar a seis testigos, entre ellos el policía nacional que se encargó del seguimiento de los imputados en la trama Gürtel. Además, el Supremo aceptó la audición a puerta cerrada de algunas de las conversaciones intervenidas por Garzón, pero rechazó la recusación de los magistrados Luciano Valera y Manuel Marchena.
La primera jornada del juicio la siguieron unos 200 periodistas, entre ellos los corresponsales de 30 medios extranjeros, dado el prestigio internacional del juez que sentó en el banquillo al dictador Augusto Pinochet. La Sala que juzga a Garzón, está presidida por el magistrado Joaquín Giménez, y completan el tribunal Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena.
