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Garzón imputa a 24 personas por extorsión en nombre de ETA

Otro golpe a la línea de flotación de la banda terrorista ETA. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a 24 personas por presuntamente tener relación con el aparato de extorsión de la banda.

el 15 sep 2009 / 17:19 h.

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Otro golpe a la línea de flotación de la banda terrorista ETA. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a 24 personas por presuntamente tener relación con el aparato de extorsión de la banda.

Entre estas personas se encuentran seis directivos de la multinacional Azkoyen, con sede en Navarra, que se dedica a fabricar máquinas expendedoras de hostelería. El juez ha retirado la imputación por estos hechos a otras 11 personas, entre las que destaca el ex dirigente del PNV Gorka Agirre. Entre los 24 procesados, a los que imputa los delitos de integración o colaboración en organización terroristas y amenazas, figuran dirigentes etarras como Soledad Iparraguirre, Anboto; el dueño del bar Faisán en el que supuestamente se cobraba el impuesto revolucionario, Joseba Imanol Elosúa, y seis directivos de Azkoyen.

El juez explica en su auto que el aparato de extorsión, conocido como GEZI, "cuenta con una red paralela de personas [miembros legales y colaboradores] de la gestión y cobro de las cantidades exigidas a las víctimas para entregar a la organización terrorista". Esa red paralela "estaría liderada" por Elosúa y también la integraban los procesados Ramón Sagarzazu, Txempela, y Jean Pierre Haracorene, con los que colaboraban los también procesados José Carmelo Luquín, Emilio Castillo e Ignacio Aristizabal. También colaboraron presuntamente con esa red, en "al menos una ocasión", Jesús Iruretagoiena, y en Francia lo hicieron Ángel Iturbe Abasolo, Eloy Uriarte, Julen Kerman, José Antonio Cau y Cristina Larrañaga, a los que se está investigando en el citado país. Garzón acusa en concreto a Elosúa de participar junto a Sagarzazu "en la gestión del cobro a diferentes empresarios" y en la distribución de cartas de extorsión de ETA en "las campañas de marzo de 2005, agosto-septiembre de 2005 y febrero de 2006".

El bar Faisán, situado en Irún (Guipúzcoa), era "el lugar en el que solían efectuar los diferentes contactos para canalizar las diferentes remesas de cartas de extorsión y realizar las labores de gestión de cobro y pago de las cantidades exigidas por ETA".

Entre los procesados figuran también el ex director general de Azkoyen Ignacio Moreno Purroy y cuatro ex miembros del consejo de administración de esta empresa -José María Careaga, Francisco Elizalde, Ignacio Orbaceita y Ricardo Armendariz-, a los que el juez acusa de haber pagado a ETA 222.374 euros.

También procesa al ex jefe de contabilidad de esta misma empresa Jesús Marcos Calahorra.

Garzón acusa a otros dos constructores, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, de hacer llegar 54.000 euros a Julen Kerman, con la intervención de Elosúa y Sagarzazu, e hicieron constar "que entregaban este dinero a ETA con carácter voluntario y con el fin de favorecer el llamado Proyecto de Paz".

Por contra, Garzón decide "alzar la imputación" a otras 11 personas, entre las que destacan el hijo del dueño del bar Faisán y Gorka Aguirre. Respecto a Aguirre explica que, pese a las conversaciones de "contenido críptico y aparentemente intimidatorio, una serie de diligencias, como la comparecencia del ex presidente del PNV Xabier Arzalluz, "han desvirtuado en gran medida las imputaciones".

En otro sumario, que se separó de esta causa, Garzón investiga el llamado chivatazo a ETA que supuestamente sirvió para alertar a la banda de una operación policial contra su red de chantaje.

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