El juez Baltasar Garzón ha ordenado la intervención de las 'contrapartes' de Intervida --ONG sobre el terreno que reciben el dinero y ejecutan los proyectos-- en Guatemala, Perú y Bolivia, y ha propuesto hasta tres administradores judiciales por país que trabajarán como delegados de los gestores encargados de la Fundación en España, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al proceso.
Este es el último paso en la instrucción del 'Caso Intervida' que se inició en julio de 2007, cuando la Audiencia Nacional intervino la fundación y destituyó a sus directivos, Eduardo Castellón y Rafael Puertas, imputados por la presunta comisión de delitos fiscales, estafa, delitos societarios y apropiación indebida. En su lugar, Garzón, que instruye el caso, nombró tres administradores judiciales que dirigen desde entonces la entidad con sede central en Barcelona.
Desde entonces, las entidades que ejecutan los proyectos de Intervida en el Sur y, entre ellas, la ONG Solaris Perú, han denunciado en reiteradas ocasiones que estos nuevos administradores habían cortado el flujo de fondos desde España y que eso ponía en peligro la continuidad de los proyectos porque sus reservas económicas se estaban agotando.
Hace unos meses, Garzón imputó por obstrucción a la justicia a algunos de los responsables de estas contrapartes de Intervida, aunque según explicaron fuentes cercanas al proceso, se han cursado varias comisiones rogatorias que han dilatado mucho el proceso, por lo que aún no han llegado a prestar declaración, como sí lo han hecho Castellón, Puertas y distintos testigos.
Ahora, el juez ha ordenado la intervención de aquellas sociedades y ha propuesto nueve nombres para seleccionar a los administradores judiciales que, según fuentes de la acusación particular, deberán funcionar como "delegados" de la fundación española para coordinar y supervisar las transferencias de fondos en Bolivia, Perú y Guatemala, que se reanudarán para dar continuidad a los proyectos.
La defensa recurrirá.No obstante, esta decisión será recurrida ante la Audiencia Nacional, pues la defensa no está de acuerdo con que unas medidas cautelares puedan llevar a alterar el funcionamiento y la gestión de Fundación Intervida tal como la concibieron sus fundadores y que, si bien están imputados, aún no han sido juzgados.
Según explicó en declaraciones a Europa Press el abogado defensor, Fermín Morales, todas estas contrapartes de Intervida al otro lado del Atlántico funcionan como entidades con personalidad jurídica propia, por lo que podrían no acatar la administración judicial nombrada desde España y acudir a los tribunales de sus países, como ya hicieron cuando dejaron de recibir las partidas acordadas por convenio.
En su opinión, con esta iniciativa la Audiencia Nacional está dando luz verde a "una auténtica liquidación del proyecto inicial y vocacional de los fundadores" y lo está haciendo "cautelarmente" porque sobre los cargos que se imputan a Eduardo Castellón y Rafael Puertas "aún no se sabe nada".
