Baltasar Garzón abrió ayer una causa para investigar a los posibles "autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices" de los delitos de torturas en Guantánamo durante la era Bush. El juez pidió además datos sobre los vuelos de la CIA.
Los cuatro presos que denunciaron torturas en Guantánamo son Hamed Abderraman Ahmed (de nacionalidad española), Lahcen Ikassrien (marroquí), Jamil Adullatif El Banna (de origen palestino) y Omar Deghayes (libio). Todos ellos se enfrentaron en España a la acusación de pertenencia a organización terrorista aunque finalmente ninguno fue condenado por este delito. Después de pasar por Guantánamo, declararon ante Garzón y refirieron haber sufrido torturas durante el tiempo de su detención "bajo la autoridad de personal del Ejército norteamericano".
El juez tomó esta decisión diez después de haber remitido a reparto, a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una querella contra seis presuntos responsables de la creación de la cárcel de Guantánamo y que ahora está en manos de su compañero Eloy Velasco. Ahora, tras desprenderse de esa querella, Garzón ha decidido abrir por su propia cuenta esta causa al constatar que "de los documentos desclasificados por la Administración norteamericana" se desprende "lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido". El juez, de hecho, solicitará a EEUU estos documentos.
El magistrado detalla que este "plan sistemático" configura "la posible existencia de una acción concertada para la ejecución de una multiplicidad de delitos de torturas contra las personas privadas de libertad en Guantánamo y otras prisiones" como la de Bagram (Afganistán).
Según el auto, este sistema adquiere "casi un nivel oficial" que "genera una responsabilidad penal en las diferentes estructuras de ejecución, mando y diseño y autorización de ese plan sistemático de tortura".
La investigación de Garzón tiene como objetivo identificar "a las personas que tuvieron bajo su guardia y custodia a los detenidos y a los que autorizaron o practicaron" las torturas descritas en el auto, que podrían ser constitutivas de varios delitos contemplados en el Código Penal español, la Comisión de Ginebra sobre trato a prisioneros de guerra y otros tratados internacionales. Ayer, tanto IU como ERC justificaron la decisión de Garzón y el Gobierno aseguró que la apertura de diligencias no entorpecerá de ningún modo la buena relación de España con EEUU.
Por otro lado, Baltasar Garzón solicitó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, que le remita la información que obra en la causa que tiene abierta este magistrado por los vuelos secretos de la CIA en dirección a la prisión que habrían hecho escala en territorio español.