Diez años después de la detención del dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad, Baltasar Garzón emprendió el jueves otro titánico proceso judicial al proclamarse competente para investigar la represión franquista y ordenar la exhumación de 19 fosas, entre ellas la del poeta García Lorca.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró el jueves competente para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975) por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja, según el magistrado, en el contexto de crímenes contra la humanidad. El magistrado también autorizó, "a la mayor urgencia", la apertura de 19 fosas en toda España.
En un auto de 68 páginas, hecho público el jueves, el juez declara la extinción de esta responsabilidad por fallecimiento de 35 altos mandos del régimen franquista, comenzando por el propio Franco e incluyendo a generales co- mo Mola, Yagüe o Queipo de Llano. Para confirmar su muerte, en vista de imputarles el citado delito, Garzón pide los certificados de defunción.
El magistrado reclama también al Ministerio del Interior los datos que identifiquen al máximo número posible de dirigentes de Falange Española entre el 17 de julio del 1936 hasta el 31 diciembre de 1951 para que una vez identificados acuerde "lo necesario sobre la imputación y extinción en caso de fallecimien- to de su responsabilidad penal".
La Fiscalía ya anunció que recurrirá esta decisión, que podría llegar a ser revisada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al entender que la Audiencia no es competente para investigar estos hechos.
Garzón, por su parte, enmarca la competencia de la Audiencia Nacional en que los hechos, "nunca investigados" por la Justicia española, son constitutivos de un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero, lo que, según él, encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad, tal y como estableció el Tribunal Supremo al condenar al ex militar Adolfo Scilingo por las desapariciones en Argentina.
La investigación -destaca- se limita a "la desaparición forzada de personas" y "no se trata de ha-cer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil" porque ello "supondría la formación de una causa general" que, puntualiza, ya se formó tras la guerra.
Entre las fosas que el juez permite abrir destaca aquella donde se encuentra enterrado el poeta granadino Federico García Lorca y de la que una de las denunciantes ha pedido que se exhume el cuerpo de su abuelo, Dióscoro Galindo.
En total, las fosas a las que afecta esta medida son 19. El antropólogo Miguel Botella, que coordinará los trabajos de exhumación, garantizó que "la privacidad y el rigor" marcarán el proceso de identificación y excavación, que confía en que pueda iniciarse a mediados de noviembre.
Grupo de expertos . Para facilitar la labor de las exhumaciones, el juez ha creado un grupo de siete expertos (cinco propuestos por las partes y dos por el juzgado) para que elaboren un informe con el número total de víctimas, que según las asociaciones suman más de 133.000 (y que Garzón contabiliza en un total de 114.266), y otro grupo de Policía Judicial, con un jefe y nueve funcionarios con competencia en to-da España, para colaborar con los expertos.
Ambos grupos deberán coordinarse con los juzgados territoriales a los que corresponderá acordar la apertura de las fosas "para fijar el día de la exhumación y, en su caso, levantamiento de cadáver y traslado de restos, que deberá ser comunicado" al juzgado. Garzón pide también un dictamen al grupo de expertos "para la posible creación de un banco de ADN" que sirva para facilitar las identificaciones.
Las denuncias fueron presentadas desde julio de 2007 por 22 asociaciones de memoria histórica y diez particulares que solicitan una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron desde 1936 y por los que, a su juicio, debería responder el Estado dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional. Garzón pidió el 1 de septiembre al Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas.
