El juez Baltasar Garzón admitió a trámite la querella contra 13 militares marroquíes por delitos de genocidio en el Sáhara, que presentaron los hijos de cuatro desaparecidos, para quienes el lunes fue "un día histórico" en el que se abrió "una esperanza" para conocer el paradero de sus familiares.
El magistrado se declaró competente el pasado 30 de octubre para investigar a trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sahara en relación con la desaparición de cientos de saharauis.
Los principales altos cargos marroquíes a los que Garzón acordó investigar son Housni Ben Sliman, superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976 y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestros 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura a los detenidos.
A Ben Hachem también se le acusa de haber secuestrado el 20 de noviembre de 1987 a Djimi El Ghalia a la que dio "orden de torturarla". La querella contra estos militares la presentaron el 14 de diciembre de 2006 asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y pro derechos humanos, que cifraron en 542 el número de saharauis desaparecidos desde 1975.
De acuerdo con la denuncia, a partir de ese año, cuando España se retiró del Sahara, Marruecos ocupó el territorio "mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró 16 años" y detalla como el Ejército marroquí llevó a cabo "el secuestro, encarcelamiento y desaparición" de cientos de saharauis, la mayoría con nacionalidad española, entre 1975 y 1980.
Una decena de personas se concentraron delante de la puerta de la Audiencia Nacional, con pancartas en las que se leía "Sahara, justicia y paz", "Marruecos, genocida" y fotografías de desaparecidos.