Ya hay una condena por el caso de la presunta trama corrupta Gürtel: la impuesta al juez que la investigó, Baltasar Garzón. El Tribunal Supremo lo condenó ayer a 11 años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo y a una multa de 2.520 euros por un delito de prevaricación en concurso con otro contra las garantías constitucionales al colocarse “a la altura de regímenes totalitarios” cuando intervino las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión para evitar que blanqueasen o evadiesen dinero.
La condena del Supremo, notificada personalmente al juez en la sede del Alto Tribunal, señala que el magistrado de la Audiencia Nacional vulneró de forma “drástica e injustificada” el derecho de defensa de sus investigados, lo que le supondrá la “pérdida definitiva” del cargo.
La resolución fue acordada por unanimidad por los siete magistrados que juzgaron la causa el mes de enero, y conlleva la pérdida definitiva de su cargo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional “y de los honores que le son anejos”, así como “la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo”.
Al afectado, la sentencia le parece una abominación: el juez Garzón mostró ayer por la tarde su rechazo “frontal” al fallo al considerar que no se “ajusta a derecho” y denunció además la “violación sistemática” de sus derechos durante todo el proceso.
“Mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos que me beneficiaban, para poder dar forma a una sentencia que estaba anunciada hace meses”, señaló al tiempo que defendía su actuación en el caso Gürtel. La condena, dijo “elimina toda posibilidad para investigar la corrupción abriendo espacios de impunidad”. Añadió que acudirá a todas las instancias legales para “paliar el daño irreparable” que ha hecho esta sentencia. Su abogado Francisco Baena Bocanegra, puntualizó: “al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
La sentencia, de la que es ponente el magistrado Miguel Colmenero, insiste sin embargo en sus 68 páginas en que la decisión de Garzón de autorizar las escuchas fue “injusta” porque “laminó” de “forma arbitraria” el derecho de defensa de los imputados en prisión: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.
En términos muy duros, el fallo señala que Garzón colocó “a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho, al nivel de los sistemas políticos de tiempos ya superados, admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en regímenes totalitarios en los que todo se considera válido”.
El tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, contaba, además de con el ponente Colmenero, con los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena –instructor del caso de los cobros de Nueva York– y Luciano Varela –instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo–.
La sentencia puntualiza que las únicas “restricciones admisibles” al derecho a la asistencia letrada de los internos en prisión preventiva “solo pueden acordarse en casos de terrorismo”. “Por lo tanto, para resolver otros casos en los que se entendiera que la intervención pudiera ser imprescindible, sería precisa una reforma legal”, apunta la resolución. Escuchas similares se han empleado en casos como el del asesinato de Marta del Castillo. Además, la sentencia incide en que el juez ahora condenado no disponía, en el momento de ordenar las escuchas, de “ningún dato que pudiera indicar que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se utilizaban como coartada para la comisión de nuevos delitos”.
Por otra parte, María Garzón Molina, hija de 26 años del juez, envió ayer una carta abierta “a los que hoy brindarán con champán” en la que señala que a su familia les “han tocado, pero no hundido” y que “jamás” les harán “bajar la cabeza” ni derramar “una sola lágrima” por la sentencia.
Ésta es la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se ha sentado en el banquillo de los acusados. Ayer mismo quedó visto para sentencia el segundo juicio celebrado contra él en el Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas. Le queda un tercer juicio pendiente: los supuestos favores que presuntamente aceptó del Banco de Santander durante unos cursillos que impartió en Nueva York.
