Un día después de declararse competente para investigar las crueldades del franquismo, Garzón lleva a cabo una maniobra política que le permite ganar tiempo y comenzar las exhumaciones de fosas. Mientras, el PP arremete contra el juez por reabrir heridas.
Baltasar Garzón convirtió en sumario la investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil desde 1936 a 1951, lo que le permite ganar tiempo para iniciar las exhumaciones al obligar a la Fiscalía a presentar su recurso ante él mismo y no directamente ante la Sala de lo Penal como pretendía.
El juez acordó en un nuevo auto de dos folios la conversión de las diligencias previas en sumario ordinario, en cuyo marco, anunció, "se practicarán las diligencias acordadas", como la apertura de 19 fosas para practicar exhumaciones, entre ellas en la que reposan los restos del poeta García Lorca en Granada.
Esta decisión de Garzón fue calificada por fuentes de la Audiencia Nacional como "pirueta jurídica" legal para impedir que la Fiscalía pueda recurrir la competencia directamente ante la Sala, sin tener que recurrir primero ante el magistrado.
Según el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el recurso ante unas diligencias previas puede ser directamente de apelación ante la Sala sin tener que pasar por la reforma ante el propio juez que dicta la resolución.
Para impedir que la Fiscalía pueda saltarse ese filtro, Garzón convierte las diligencias previas en "sumario ordinario", "vista la gravedad de los hechos y presuntos delitos cometidos y revistiendo los caracteres de una infracción cuyo conocimiento está atribuido a la Sala de lo Penal por estar castigada con pena superior a nueve años de cárcel".
Esta decisión alarga además los plazos para la presentación del recurso de la Fiscalía, que firmará el fiscal jefe Javier Zaragoza, para lo que contaba el viernes con cinco días, pero ahora debe recurrir en tres días el auto en el que el juez acuerda la transformación en sumario y, una vez resuelta esta cuestión, podrá impugnar la decisión de investigar las desapariciones en la Guerra civil.
En este contexto, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, la familia de Lorca expresó su rechazo a que el juez Baltasar Garzón abra su fosa. Manuel Fernández Montesinos, portavoz de la comunidad de herederos y sobrino del poeta, señaló en la Cadena SER que la familia estudia posibles acciones legales contra la iniciativa del magistrado y considera que la apertura de la fosa podría ser una profanación. "No nos parece que sea necesario exhumar tumbas para saber que los generales levantiscos eran unos criminales", concluyó.
La oposición . El PP cargó ayer contra el juez por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, reprobó que el juez se dedique a "reabrir temas que se resolvieron durante la transición" mientras que en España existen "dos millones de pleitos pendientes y muchas resoluciones judiciales por cumplir".
En los mismos términos habló el presidente fundador del PP y ex presidente de la Xunta, Manuel Fraga, quien calificó de "disparate" la decisión del juez de la Audiencia Nacional e insistió en que "ya hubo leyes de amnistía". Fraga consideró que "políticamente" es "un error gravísimo" resucitar problemas del pasado.
Mientras tanto, la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que hay una parte del auto de Garzón, la petición del certificado de defunción de Franco, que le parece "esperpéntico".
