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Garzón reabre el debate de las heridas de la Guerra Civil española

El juez Baltasar Garzón dictó ayer uno de los autos más importantes en su ya dilatada carrera judicial. En él, se declara competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones por la desaparición de sus familiares en la Guerra Civil española y en los años posteriores a la contienda.

el 15 sep 2009 / 16:53 h.

El juez Baltasar Garzón dictó ayer uno de los autos más importantes en su ya dilatada carrera judicial. En él, se declara competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones por la desaparición de sus familiares en la Guerra Civil española y en los años posteriores a la contienda. El magistrado entiende que los hechos denunciados nunca fueron investigados por la Justicia y que se enmarcan en dos figuras penales que no prescriben: el delito de detención ilegal sin razón de paradero y el delito contra altos organismos de la nación. En su auto, de 68 folios, Garzón sostiene que el alzamiento de 1936 fue una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con la forma de gobierno de España en ese momento y, por esa razón, solicita tres medidas: 1) que se le aporte el certificado de defunción de Francisco Franco y de otros 34 dirigentes del régimen para declarar la responsabilidad "extinta" de quienes habrían sido los autores políticos de esas desapariciones; 2) la identificación de los máximos dirigentes de la Falange Española entre el 17 de julio de 1936 y el 3 de diciembre de 1951, y 3) la apertura de 19 fosas comunes, entre ellas la ubicada en el barranco en el que supuestamente está enterrado Federico García Lorca. La decisión del juez Baltasar Garzón causa sorpresa y también un cierto desasosiego por las consecuencias que puede traer para el conjunto de la sociedad española actual. Las familias de los desaparecidos en la Guerra Civil tienen el legítimo derecho a saber dónde se encuentran enterrados sus familiares y a que se repare su dignidad, mancillada por una guerra fraticida y por la represión de la posguerra. Pero esta reparación se produce casi setenta años después de que se acabara el conflicto con la derrota del bando republicano. Esto implica que tal vez se corre el riesgo de que una reclamación legítima se convierta en un intento de reescritura de un pasado con el que todos los españoles hemos aprendido a convivir con sosiego y en paz. Más si cabe cuando el Parlamento nacional aprobó el 31 de diciembre de 2007 una ley de Memoria Histórica por la que ya se reconocen y amplían derechos en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. El dilema es moral, y entronca con el debate larvado en torno al modo en el que la clase política que protagonizó la transición española decidió pasar página de una de las etapas más tristes de la historia y trabajar en pos de un modelo de convivencia democrática. Pero también tiene aristas jurídicas. Del mismo modo que Garzón entiende que los delitos no prescriben y que, por ello, hay que abrir una investigación sobre la "desaparición forzada de personas", la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que recurrirá la decisión pues los delitos sí son susceptibles de prescripción en virtud de la aplicación de la Ley de Amnistía decretada en 1977. Casi con toda seguridad, la decisión sobre si finalmente se investigan las desapariciones recaerá sobre la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá la difícil tarea de conciliar, con ponderación y con el debido sentido común, el derecho de estas familias y el de la sociedad a cerrar unas heridas que forman parte de la historia de este país.

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