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Garzón recusa a un sexto magistrado de los que tienen que juzgarle por "Gürtel" porque instruye los cobros en NY

el 17 nov 2011 / 12:17 h.

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El juez Baltasar Garzón ha recusado a un  sexto componente de la  Sala que debe juzgarle por autorizar la intervención de las  conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con  sus abogados en prisión.  

Se trata de Manuel Marchena, al que acusa de falta de  imparcialidad objetiva por coincidir su presencia en este tribunal  con su condición de instructor de la causa en la que se investigan  los cobros que el juez de la Audiencia Nacional percibió del Banco  Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva  York en 2005 y 2006.

Esta nueva recusación se suma a la que ya se tramita contra otros  cinco del total de siete magistrados que el próximo día 29 debían  iniciar el juicio contra el juez suspendido, lo que podría retrasar  aún más el inicio del a vista, según fuentes del alto tribunal.

En el escrito remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,  al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa e Garzón califica de  caso extraordinario -al menos en la historia judicial española- "que  ante un mismo tribunal se sigan al mismo tiempo simultáneamente y no  sucesivamente tres causas contra el mismo aforado por el mismo delito  de prevaricació", y añade que "no menos extraordinario se ofrece que  un mismo juez y respecto de estas tres causas, pueda ser instructor  de una de ellas y al mismo tiempo (*) forme parte del tribunal que ha  de enjuiciar al mismo aforado en otra de dichas causas".

Por ello, el abogado de Garzón en esta causa, Francisco Baena  Bocanegra, solicita al Supremo que remita las actuaciones a la Sala  especial de artículo 61 para que decida sobre este incidente de  recusación de acuerdo a sus pretensiones.

Esta recusación se suma a la que ya se tramita contra  el  presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados  Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y  Perfecto Andrés. Baena Bocanegra argumenta que todos ellos están  "contaminados" porque han participado en la instrucción del caso  rechazando los recursos por él presentados.

ESTADO DE LAS RECUSACIONES

Por el momento, se está a la espera de que los cinco magistrados  ya recusados remitan un escrito al instructor de este incidente  procesal señalando si aceptan la recusación y se apartan de la causa  o bien la rechazan. El instructor puede entonces, valorando estos  escritos y los ya remitidos por la Fiscalía y el resto de partes,  decidir si rechaza las recusaciones de plano o bien eleva el asunto a  la Sala del 61.

La semana pasada, la Fiscalía del Tribunal Supremo informó a  favor de la petición del juez Baltasar Garzón para apartar de la  causa a los cinco de los siete magistrados que el próximo día 29  tenían que juzgarle por autorizar la intervención de las  conversaciones de la 'Gürtel'.

Según el Ministerio Público deben estimarse, sobre bases  objetivas, "las sospechas o recelos que el recusante manifiesta en su  escrito de recusación" respecto de la existencia de una falta de  imparcialidad objetiva de los cinco magistrados para enjuiciarle.

El magistrado suspendido ya logró el pasado mes de junio que se  apartara de la causa a los siete magistrados inicialmente designados  para juzgarle por un supuesto delito de prevaricación que habría  cometido al investigar sin competencia los crímenes y desapariciones  del franquismo. En este caso, las recusaciones tardaron 6 meses en  tramitarse.

La fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la  absolución de Garzón por el tema de las escuchas a la "Gürtel",  mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez  y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo  consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra  las garantías constitucionales, por lo que piden que sea  inhabilitado.

El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis  Ulibarri en el caso 'Gürtel' y fue el autor de la querella inicial  contra Garzón, pide 10 años de inhabilitación para el juez. Peláez ya  ha presentado escrito rechazando los motivos de recusación.

Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de  prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una  multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años  por un delito contra las garantías constitucionales.

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