El juez Baltasar Garzón ha dejado de instruir la causa en la que investigaba las desapariciones de la Guerra Civil que él mismo abrió el 16 de octubre. Arguye que ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal pero insiste en que los delitos "permanecen" y no han prescrito. Esta decisión la comunicó ayer el magistrado de la Audiencia Nacional a través de un auto en el que considera extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco así como de los otros 44 altos cargos del régimen tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.
Con esta decisión, el juez Garzón se ha adelantado a la decisión que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar sobre la competencia de Garzón para instruir la causa, al resolver un recurso de la Fiscalía en el que se sostiene, precisamente, que los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes que Garzón en un primer momento pretendía investigar. Ahora, el juez da marcha atrás y se inhibe en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las 25 fosas cuya apertura autorizó. No obstante, Garzón ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales". Por ello, sugiere la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 que también propone crear una comisión de expertos para "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos" durante la Guerra Civil y la dictadura, y "permitir que las familias identifiquen y exhumen" a sus víctimas.
Para reforzar la idea de permanencia del delito destaca "el caso de las víctimas que puedan estar vivas" y se refiere concretamente a los miles de niños arrebatados a sus padres para ser educados en la "afección al régimen".
Garzón recuerda que, al declararse competente, ya advirtió de que si la responsabilidad penal de los imputados estaba extinguida, pero se daba la "permanencia" del delito, se pronunciaría sobre la competencia para investigar los hechos, que cree que corresponde a los juzgados territoriales.
El magistrado ha informado de esta decisión tanto a la Sala como al Ministerio de Justicia, al que da cuenta de los grupos de expertos que ya están recopilando datos para "evitar solapamientos" con otras acciones que pueda llevar a cabo el Estado ya que también solicitó en octubre los certificados de defunción de los fallecidos en el franquismo. Además, advierte al Estado y a la Fiscalía de que "obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente" el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así, lamenta de este modo la "palmaria contradicción" entre la postura sostenida tradicionalmente por la Fiscalía "y la defendida en este sumario", y cree que esa circunstancia "merecería una profunda y convincente explicación por quien es el garante de la legalidad".
Viaje denegado. Por otra parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer denegar el permiso solicitado por el juez Garzón para viajar el próximo viernes a París, donde tenía previsto asistir a un coloquio sobre la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de la droga. Según el Consejo, el viaje no es conveniente ahora por el volumen e importancia de asuntos pendientes de tramitación en su juzgado, y considera el alto número de licencias concedidas a Garzón para disfrutar de días libres.
