El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra a la espera de que le sea notificado el auto en el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela procede penalmente contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón - por presunta prevaricación al investigar los crímenes fascistas-, para poder tratar la posible suspensión cautelar del magistrado, informaron a Europa Press en fuentes de este órgano.
Las mismas fuentes señalaron que lo más probable es que la decisión que podría apartar a Garzón del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, al menos mientras se sustancian las tres causas que se acumulan contra él en el alto tribunal, sea adoptada por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces. No obstante, esta posibilidad debe ser acordada por los vocales de la denominada Comisión Permanente de la institución, que realiza reuniones semanales.
Así, parece poco probable que la Comisión Permanente convocada para mañana trate el tema de Garzón, puesto que es aún pronto para que el auto de Varela llegue al CGPJ. Además, cabe la posibilidad de que el magistrado espere a que su decisión sea firme (aún puede ser recurrida por Garzón), antes de remitirla al Poder Judicial.
Las mismas fuentes señalan tres escenarios diferentes una vez la decisión del Supremo sobre la primera causa abierta contra Garzón llegue al CGPJ: que la Comisión Permanente adopte una decisión y suspenda a Garzón directamente; que remita el asunto al Pleno mensual, a celebrar a finales de abril, lo que parece más probable; o incluso que se convoque un Pleno extraordinario para estudiar el asunto.
La resolución adoptada hoy por Varela supone el inicio de los trámites de preparación del juicio, al poner fin a la fase de instrucción de la primera de las tres causas abiertas al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Las otras causas admitidas a trámite investigan posibles conductas delictivas del juez relacionadas con los cobros que obtuvo durante la organización de unos cursos en Nueva York y por intervenir comunicaciones de imputados en el "caso Gürtel" con sus abogados en prisión.
El magistrado concreta que el delito cometido por Garzón fue "la adopción de plurales decisiones que por múltiples motivos se califican como opuestas al ordenamiento jurídico, desde la consciencia de dicha antijuricidad y, por ello, eventualmente constitutivas de un delito de prevaricación".
La querella contra Garzón por el tema de la Memoria, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las JONS, que son quienes deberán ahora presentar sus escritos de acusación contra el juez, puesto que la Fiscalía ha instado desde el principio el archivo de las actuaciones. Garzón se enfrenta a una posible condena de multa e inhabilitación.
