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Garzón ve 'serios' indicios contra aforados del PP y la Comunidad de Madrid reclama poder personarse

La Comunidad de Madrid ha reclamado poder personarse en el caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción que afecta a empresarios con diferentes entidades. Garzón ha anunciado hoy que ve "serios" indicios contra aforados del PP en la presunta trama liderada por Francisco Correa, en un auto en el que rechaza la personación de esta formación.

el 15 sep 2009 / 22:36 h.

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha anunciado que ve "serios" indicios contra aforados del PP en la presunta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa, en un auto en el que rechaza la personación de esta formación como acusación particular en la causa y ante lo que la Comunidad de Madrid alega sentirse perjudicada por la actual instrucción del caso y pide que se le reconozca la personación.

En el auto, que el PP recurrirá ante la Sala de lo Penal de este tribunal, Garzón anuncia que se inhibirá con respecto a estos aforados (de los que no da nombres), al carecer de competencia para investigarlos, por lo que próximamente remitirá los indicios que tenga contra ellos al Tribunal Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Autónoma a la que correspondan.

Los cargos políticos que tienen la condición de aforado son el presidente del Gobierno y los del Congreso y el Senado, así como los miembros del Ejecutivo (vicepresidentes y ministros), diputados y senadores, por lo que la instrucción y el enjuiciamiento de las causas que se sigan contra ellos corresponde al Tribunal Supremo.

También gozan de la condición de aforados los presidentes de las Comunidades Autónomas, los consejeros de sus respectivos gobiernos regionales y los diputados autonómicos, respecto de los que el órgano competente es el correspondiente Tribunal Superior de Justicia, si bien en algunos casos los Estatutos de Autonomía pueden atribuir esa competencia al Supremo.

La decisión de rechazar la personación del PP, que ayer solicitaron sus dirigentes Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, significa que esta formación no podrá plantear el incidente de recusación presentado también ayer en el Juzgado, al no ser parte en el procedimiento.

Fuentes del PP ya han anunciado a Efe que recurrirán ante la Sala de lo Penal la decisión de Garzón y que si finalmente se acepta su personación tratarán de apartar al magistrado de la instrucción por "enemistad manifiesta" con el partido.

Garzón argumenta en el auto que "en este momento, el postulante (el PP) no puede ostentar su condición (de acusación), máxime cuando existen serios indicios de que personas vinculadas o integrantes de esa formación política podrían tener responsabilidad penal en esta causa o en aquellas otras que se incoen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento".

En un auto notificado ayer, el magistrado ya anunciaba que está investigando a qué cargos públicos del PP en Ayuntamientos y Consejerías de las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia presuntamente sobornó el considerado líder de esta trama, Francisco Correa, encarcelado el pasado miércoles junto a dos de sus máximos colaboradores, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo.

La inhibición con respecto a los aforados, sobre la que ayer Garzón pidió su opinión a la Fiscalía Anticorrupción, se producirá, según el auto, "una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".

Según Garzón, para el PP no existe "ningún perjuicio", al menos "jurídicamente hablando", en esta causa, en todo caso los perjudicados serían "las Administraciones o Instituciones a las que pertenezcan las personas afectadas, alguna de ellas ya imputada".

Cree por ello que "resulta absolutamente incompatible" que el PP pueda estar personado como acusación particular, "como tampoco puede serlo (el partido) a título de imputado por tratarse de una persona jurídica".

También estima "prematuro" considerar al PP "responsable civil subsidiario" o "acusación popular", al no reunir los requisitos exigidos legalmente.

La intención del PP era la de apartar a Garzón de la instrucción de esta causa en la que ya figuran 37 imputados, dos de ellos ex alcaldes de este partido en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda.

El Gobierno de Madrid alega sentirse perjudicado. El Ejecutivo madrileño ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el que alega sentirse perjudicado por la actual instrucción de ese caso y pide que se le reconozca la personación.

En el escrito, el letrado que representa a la Comunidad habla del auto dictado ayer por el juez Garzón, del que se han hecho eco los medios de comunicación, y alude a conversaciones telefónicas grabadas a uno de los imputados, el empresario Francisco Correa.

En concreto, en ellas Correa afirma que se han cargado a la región madrileña gastos del PP y de que un consejero cobraba comisiones por distintos favores.

La Comunidad de Madrid asegura que "no le consta" que puedan haberse destinado fondos propios a fines distintos de los legalmente previstos y exige poder tomar parte en el procedimiento judicial de Garzón como perjudicada.

En esta línea, el Gobierno madrileño pretende "ejercitar las acciones que legalmente procedan al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" con el objetivo de ver reconocido su derecho a "la tutela judicial efectiva y a la prohibición de la indefensión".

En el escrito la Comunidad recoge varios párrafos del auto de Garzón, como que Correa y otro imputado, Pablo Crespo, dan "instrucciones" para hacer pagos a funcionarios públicos de los que se deriven beneficios para ellos y sus empresas.

Asimismo, el representante legal del Ejecutivo de Esperanza Aguirre recuerda que en el auto se dice que "hay indicios suficientes de que los imputados establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para obtener un beneficio propio utilizando dádivas y sobornos".

El escrito de la Comunidad apunta que, en función de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "cuando el delito fuese por su naturaleza de aquellos que sólo pueden admitirse por autoridades o funcionarios sujetos a un fuero superior, los jueces de instrucción remitirán las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días".

El Gobierno madrileño pide al juez que se abstenga de seguir con esa causa "si afecta a personas aforadas" y que remita las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Todo ello porque, según el Estatuto de Autonomía de Madrid, "la responsabilidad penal de los consejeros para los delitos cometidos en el ámbito de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid".

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