El sindicato CGT y las 13 asociaciones que denunciaron ante el juez Garzón las desapariciones del franquismo presentaron ayer al magistrado la lista de los nombres de los represaliados . La cifra final supera con creces la prevista de 130.000.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió ayer una lista con los nombres de 143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura, entregada por la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, que ya había presentado denuncias en su juzgado por estos hechos.
Garzón se reunió con los representantes de varias de las asociaciones de la Plataforma, que en una reunión de una media hora con el magistrado le hicieron entrega de los listados en distintos formatos. A su salida del encuentro, el representante de la asociación granadina, Rafael Gil Bracero, aseguró que muchos abuelos "murieron deseando vivir un día como el de hoy". "Les estamos haciendo a todos justicia histórica", añadió.
Según la Plataforma, integrada por 13 asociaciones y la CGT, los desaparecidos durante la guerra y la posterior dictadura franquista ascienden a 42.131 en Andalucía, 14.660 en Castilla-León, 8.851 en Castilla-La Mancha, 3.424 en Madrid, 6.000 en Asturias, 29.034 en la Comunidad Valenciana, mil en Murcia, 9.538 en Aragón y 7.000 en Galicia. En el listado también figuran los nombres de asesinados o desaparecidos fuera de España.
Reparar la dignidad . La secretaria de la plataforma, Paqui Maqueda, explicó que con la entrega del listado se pretende "reparar el nombre y la vida de las personas, con todos los medios legales". También opinó que el "retraso" del Gobierno en la elaboración de un mapa de fosas, tal y como exige la Ley de Memoria Histórica, se debe a "una ausencia total de voluntad política".
Así lo apostilló: "El trabajo lo estamos haciendo los familiares". Además, Maqueda destacó "el rechazo del 95 por ciento de las asociaciones" a la citada ley, criticó la falta de colaboración de los ayuntamientos "independientemente de su signo político", y denunció la dificultad de aportar datos sobre los desaparecidos no inscritos en ningún registro.
El portavoz de la Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, Ángel Rodríguez, se refirió al proceso iniciado por Garzón como "un viaje que devolverá la dignidad a los represaliados". Rodríguez se mostró convencido de que el juez, "más pronto que tarde", acabará abriendo un auto de procesamiento y solicitará más información para llegar hasta el final de ese episodio tan trágico de España. También lamentó que haya habido que esperar 33 años desde la instauración de la democracia española para comenzar a "desenterrar", de una manera simbólica, a los muertos olvidados de la dictadura.
Por su parte, Cecilio Gordillo, de la CGT, destacó que Garzón es "el único ciudadano de este país que ahora tiene un listado de desaparecidos, a pesar de que la mayoría de la documentación ha salido de las tripas del Estado, de todo tipo de archivos". Gordillo aseguró que "hay muchas otras investigaciones realizadas a las que no se ha podido tener acceso" a pesar de que "muchas de ellas han sido financiadas con dinero público".
