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Género y presupuesto

Cada vez se extiende más la percepción de que las políticas específicas que buscan la plena integración laboral y social de la mujer, esto es, las políticas de igualdad de género, en la medida en que suponen favorecer a un colectivo que se encuentra objetivamente en situación de desventaja distraen la atención del escándalo de fondo.

el 14 sep 2009 / 21:27 h.

Cada vez se extiende más la percepción de que las políticas específicas que buscan la plena integración laboral y social de la mujer, esto es, las políticas de igualdad de género, en la medida en que suponen favorecer a un colectivo que se encuentra objetivamente en situación de desventaja, y dado que por esto mismo no cabe poner en duda su legitimidad, distraen la atención del escándalo de fondo: ese colectivo que estamos dando por hecho que soporta desventajas es la mitad de la población. Esta idea ha cristalizado en el concepto y práctica del mainstreaming o transversalidad de género, lo cual consiste en, dejando a las políticas encaminadas a corregir desigualdades su parcela, incorporar la perspectiva de la igualdad de género en todas las prácticas sociales y, prominentemente, en dejar que esta preocupación impregne la planificación de todas las actuaciones públicas. Así pues, siendo los presupuestos la plasmación numérica de esos planes públicos, la presupuestación en clave de género significa que en la formación de las cuentas públicas ha de incluirse un análisis de su influencia sobre la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Esto es, los gestores deben explicitar cómo afecta cada proyecto de programa a la igualdad: ¿la mejora, la empeora, o bien no le afecta. La premisa es que las sociedades, el caso de la nuestra, donde aún persisten sustanciales brechas de género deben -necesitan- corregirlas. Y desde luego no lo conseguirán a menos que se diseñen políticas en cuyo núcleo resida este objetivo específico y que sea posible, así, orientar los recursos económicos hacia la financiación de actividades y proyectos que permitan su concreción.

En nuestra comunidad, a pesar de estar consagrada legalmente la igualdad entre hombres y mujeres, todavía quedan rocosos obstáculos culturales que postergan una inserción social y laboral femenina plena y equiparable a la de los hombres. Éste es un imperativo moral, de justicia, pero también de ensanchamiento de una democracia. Pero es que no sólo es eso. Prescindir de la potencial oferta de trabajo femenino, o utilizarla a media máquina, supone un despilfarro ingente para cualquier economía. A día de hoy, la literatura económica al uso se apresura a reconocer que la reducción en la desigualdad del género y la mejora del estatus de las mujeres contribuyen a alcanzar mayores tasas de crecimiento económico e incrementar la estabilidad.

Precisamente en esta idea de la igualdad como condición de eficiencia en el funcionamiento de las sociedades insistió el consejero Griñán en la presentación de la II Conferencia Andaluza de Economía y Presupuesto en clave de Género (Málaga 12 y 13 de diciembre). De hecho Andalucía ha sido pionera en el paso de la teoría a la práctica en este apartado: por tercer año consecutivo el presupuesto viene acompañado de un informe de evaluación de impacto de género. Uno diría que esta orientación de la formulación presupuestaria es una herramienta ineludible (y que terminará generalizándose) hacia el objetivo final de, primero, alcanzar la meta constitucional de igualdad efectiva entre sexos, y segundo, aprovechar lo más eficientemente el capital humano, todo el capital humano. De lo contrario parece poco plausible que la economía andaluza avance en la convergencia europea.

José Sánchez Maldonado es catedrático de Hacienda Pública

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