Con el Estatuto andaluz, la Junta logró el 100% de las competencias sobre la cuenca del río Guadalquivir. La sentencia del Tribunal Constitucional le retiró todas, devolviéndoselas al Gobierno central. En los últimos seis meses, Andalucía no ha tenido ninguna competencia exclusiva sobre el río, pero ha seguido gestionando las políticas del agua, gracias a una encomienda de gestión transitoria, con la que el Estado delegaba en la Junta, pero tutelaba todas las decisiones.
La Comisión Bilateral de ayer pactó el siguiente paso: Andalucía recupera algunas competencias exclusivas (no el 100%) y el Estado le delega otras. La "gestión propia" incluirá todo lo relacionado con los embalses, la policía de la cuenca, las autorizaciones o la gestión de calidad del agua. Sobre las competencias delegadas, se creará la semana que viene una comisión mixta que decidirá los criterios del reparto de competencias (por ejemplo, cuántos funcionarios se devuelven al Gobierno central y cuántos se quedan en Andalucía) y en qué temas podrá decidir la Junta ("tendrá voz") de entre los que son potestad exclusiva del Estado.
"Es importante que sigamos en el cuadro de mandos", dijo ayer la consejera Mar Moreno. Esto pone punto final al recorrido jurídico que ha sufrido el Guadalquivir desde que el Constitucional le retiró las competencias exclusivas a la Junta. El siguiente capítulo dependerá de cómo prospere en las Cortes Generales la iniciativa que acaba de aprobar el Parlamento andaluz por unanimidad de todos los partidos. Según esta iniciativa, que partió del presidente Griñán, Andalucía reclamaría al Estado que delegue nuevas competencias sobre el Guadalquivir (por la vía del artículo 150.2 de la Constitución), que se sumarían a las que ya se aprobaron en la reunión de ayer.
