Cada capítulo nuevo del conflicto de Gibraltar, que dura ya dos intensas semanas de agosto, entierra la diplomacia en un agujero profundo, y deja en evidencia la capacidad de entendimiento entre dos países aliados y miembros de la UE (España y Reino Unido). Ni el contacto directo del presidente Mariano Rajoy con el premier británico David Cameron ha servido para atemperar la crisis. Ambas naciones se han encomendado a un árbitro neutro, un grupo de emisarios de la Comisión Europea que visitará el Peñón dentro de tres semanas para comprobar in situ si Gibraltar se saltó la legislación internacional al arrojar 70 bloques de cemento en un caladero de la bahía de Algeciras donde pescan barcos andaluces; y si España se excedió al responder reforzando los controles en la frontera, provocando colas diarias de coches de seis horas.
En este clima de tensiones se zambulló ayer el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, quien, en una entrevista a la agencia Reuters, retó a Rajoy a disputarle ante un tribunal cualquiera de los conflictos de jurisdicción en el Estrecho que le enfrentan con España. Nos vemos en los tribunales. Gibraltar ganará el juego, el set y el partido, espetó Picardo. El tono de la máxima autoridad del Peñón suena amenazante, pero no difiere mucho de las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que días atrás utilizó también una expresión deportiva para subrayar la determinación de España en este conflicto. En Gibraltar se ha acabado el juego, dijo.
A principios de julio, buques del Peñón arrojaron 70 bloques de cemento en un caladero próximo a la bahía de Algeciras donde faenaban pescadores andaluces. España considera que esas aguas son internacionales, y Gibraltar replica que le pertenecen. Son dos interpretaciones de un mismo texto, el tratado de Utrech, que se firmó hace 300 años, y en el que España entregó la colonia al Imperio Británico. Rajoy ha calificado el lanzamiento de bloques de cemento al mar de inaceptable, y respondió reforzando los controles fronterizos. Esto desató colas kilométricas para entrar y salir de la colonia, una situación que afecta tanto a los turistas que visitan Gibraltar como a los 7.000 trabajadores andaluces (la mayoría de La Línea de la Concepción) que cruzan cada día la aduana para ir a trabajar al Peñón. El Reino Unido intervino y exigió a España que relajara los controles. Picardo envió una carta de protesta a Bruselas, y la Comisión Europea pidió permiso a Rajoy para mandar inspectores en septiembre para testar la situación.
España insiste en que los controles en la Verja son legales, proporcionales y aleatorios. Quiere evitar el tráfico ilegal, el contrabando de tabaco y alcohol y los desvíos fiscales. Una de las cosas de las que se queja España sin razón es sobre la naturaleza de Gibraltar como centro de servicios financieros, insistiendo en que es un paraíso fiscal, dice Picardo, que propone a Rajoy discutir una doble tasación o un acuerdo de información sobre impuestos. El ministro gibraltareño asegura que cumple con la normativa internacional contra el blanqueo de dinero y que el Peñón no está catalogado como paraíso fiscal: No permitiremos más mentiras.
La última vuelta de tuerca la dio España hace unos días cuando anunció una modificación de la ley medioambiental para establecer sanciones contra la práctica del bunkering repostaje de gasolina en el Estrecho en barcos fondeados permanentemente dentro de la zona de especial conservación. Picardo, en declaraciones a un periódico inglés, comparó a España con Corea del Norte por el trato que le dispensa al Peñón, y acusó a Rajoy de crear problemas en la frontera para distraer la atención de los escándalos de corrupción que le afectan a él y al PP. Ante las quejas de Reino Unido, el ministro García-Margallo amagó por primera vez con llevar el conflicto ante un tribunal internacional. En la entrevista, que se realizó el miércoles, Picardo asegura: Son las primeras palabras de Margallo que celebro. Confío en que nos reunamos en el ambiente más civilizado de un tribunal internacional. Picardo insiste en que en cualquier tribunal internacional justamente constituido, ganará el juego, el set y el partido.
El Club de la Constitución, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mantener vivo el espíritu de la transición democrática, presentó el miércoles una querella criminal contra Picardo y todo su Gobierno, al que acusa de un delito ecológico. La querella fue presentada en el decanato de los juzgados de La Línea para su reparto. El Club de la Constitución, formado por juristas y profesores, considera que Gibraltar vulnera las competencias pertenecientes al Estado español con el lanzamiento clandestino de bloques de hormigón en la Bahía de Algeciras, lo que podría constituir un delito ecológico. Además, el supuesto delito habría sido perpetrado en aguas jurisdiccionales españolas y, por lo tanto, en territorio nacional, conforme a la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar, que no reconoce soberanía sobre el mar a las colonias. H
