Economía

Gobierno y agentes sociales llegan a acuerdo sobre pensiones, políticas activas y negociación colectiva

Seguirán negociando en los próximos días la política industrial, la energética y la de ciencia e innovación.

el 27 ene 2011 / 07:41 h.

Quienes se retiren antes de 2013 no verán modificadas las condiciones de su pensión.

El acuerdo llegó prácticamente sobre el tiempo de descuento. Tras maratonianas reuniones en las últimas semanas entre Gobierno, sindicatos y patronal, y en vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe hoy la reforma de las pensiones -con o sin pacto- fue una cena en la que participó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a los líderes sindicales Ignacio Fernández Toxo (CCOO) y Cándido Méndez (UGT) la que desbloqueó un acercamiento que se antojaba difícil.

Finalmente, los sindicatos desistieron de su posición inicial y cedieron en que la edad de jubilación se prolongue hasta los 67 años, tal y como defendía el Ejecutivo. A cambio, no obstante, una cesión. Todos aquellos trabajadores que acumulen una cotización de 38 años y medio podrán retirarse a los 65 años cobrando la pensión íntegra.

Se rebaja así la pretensión del Gobierno, que aspiraba a situar ese tope en los 41 años con vistas, en el marco de la negociación, de reducir esa cuantía hasta los 39.

Falta, además, por determinar la lista de profesiones más penosas que tampoco necesitarán aumentar su edad de retiro.

Un matiz. Quienes se jubilen a los 67 años tendrán que haber cotizado a lo largo de su vida laboral un total de 37 años si quieren recibir completa la pensión.

Todo apunta a que la reforma entrará en vigor a partir del año 2013 -quienes se jubilen antes no tienen de qué preocuparse- y se irá implantando de forma progresiva hasta 2027, a razón de un aumento de mes y medio por año. Es decir, quien se retire en 2013 tendrá que cotizar un mes y medio más, a quien lo haga en 2014 le corresponderá trabajar tres meses más y así, sucesivamente. Hagan cuentas.

Hasta aquí las líneas generales de un principio de acuerdo que el Gobierno y los agentes sociales han conseguido finalmente esta madrugada cerrar para reformar el sistema de pensiones, determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para llevar a cabo la reforma de la negociación colectiva.

Tras una maratoniana reunión que ha finalizado pasadas las cuatro de la mañana, las partes han acordado continuar negociando en los próximos días sobre el resto de las políticas de empleo, política industrial, política energética, política de ciencia e innovación así como otras relevantes cuestiones de índole laboral.

En la mesa general de la Función Pública se negociarán asuntos relativos a las clases pasivas, el Estatuto del Empleado Público y la evaluación de los acuerdos vigentes. El principio de acuerdo deberá ser aprobado por las direcciones correspondientes de cada una las organizaciones.

Los sindicatos centraron sus esfuerzos por arrancar una consideración especial para mujeres y jóvenes -colectivos especialmente desfavorecidos en el mercado laboral- y lo consiguieron.

También prosperó la intención del Ejecutivo de aumentar de 15 a 25 años el periodo para calcular la cuantía de la pensión. A efectos prácticos, esta medida -que no ha estado en el centro del debate- se traduce en una rebaja de la cantidad a percibir, ya que, en lugar de computar los últimos quince años trabajados (en los que, en condiciones normales, se consigue el nivel más alto de cotización), se amplía el periodo a diez años más, donde la base de cotización es inferior. Las centrales sindicales han cifrado en hasta un 20% el perjuicio para el futuro pensionista.

Para hacer más progresiva esta medida, fuentes de la negociación apuntaron a Europa Press que esta ampliación podría dividirse en dos tramos. Uno inicial, que situara ese máximo en 20 años, podría alcanzarse entre los tres o cinco primeros años desde la entrada en vigor de la reforma, es decir entre 2016 y 2018, mientras que el otro hasta completar los 25 años se haría en los cinco años siguientes. De esta forma, la ampliación definitiva podría estar como muy tarde en 2023.

Por otro lado, a efectos de cómputo, las lagunas de cotización se cubrirán a partir de dos posibles fórmulas. Una de ellas, con la base mínima de cotización para los dos primeros años, mientras que el resto se hará con el 50% de la misma. Junto a ello, la Seguridad Social arbitrará fórmulas que reconozcan los periodos cotizados en los dos años anteriores al de cómputo para el relleno de lagunas de cotización, en los términos y condiciones que se determinen.

Ante las críticas a las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, se aumenta el mínimo de edad para poder acogerse, que pasa de 61 a 63 años.

El ex ministro Jesús Caldera, espera que el proyecto de ley de la reforma de las pensiones esté aprobado definitivamente el próximo junio, y aseguró que durante el periodo de tramitación del proyecto, "seguiremos hablando en los grupos parlamentarios para incorporar el consenso deseable".

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