El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coincidieron ayer en considerar "asumibles" y ya en estudio la mayoría de las reivindicaciones de las asociaciones judiciales y creen que la amenaza de huelga no es un obstáculo para llegar a un entendimiento.
Así lo señalaron en rueda de prensa el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, que participaron en la reunión de la comisión mixta Justicia-CGPJ en la que se abordó, entre otros asuntos, el manifiesto de las asociaciones judiciales, que convocarán una huelga el 26 de junio si no se atienden sus reivindicaciones. El secretario de Estado confió en que el "conocimiento detallado" de las medidas que analizaron en esta reunión, "muchas de ellas puestas en marcha antes de este movimiento", permita a las asociaciones judiciales considerar innecesarias las movilizaciones anunciadas.
"Esperamos en general que se suavice la tensión que hoy se vive en la carrera judicial y que los anuncios de compromisos concretos como la creación de órganos judiciales, la modificación del sistema retributivo, del régimen de guardia pueda servir para que lo fundado que hay en esas reivindicaciones, que lo hay, encuentre esperanzas de solución", dijo Pérez. También la portavoz del Poder Judicial expresó su esperanza de que, a la vista del trabajo desarrollado, los jueces consideren que la huelga no es el cauce más adecuado para hacer visible sus reivindicaciones.
Respecto a las reivindicaciones salariales de los jueces, Pérez admitió que el sistema retributivo debe ser modificado y señaló que, aunque no hay prevista ninguna subida diferente a la del 5% fijada en los Presupuestos, se ha llegado al compromiso de aumentar el pago de las guardias y de incentivar mejor las sustituciones. En este sentido, se ha planteado la posibilidad de que existan grupos de jueces dedicados exclusivamente a las sustituciones y que podrían eliminar carga de trabajo. Sobre el señalamiento de vistas, que la reforma legal aprobada por el Gobierno y remitida a las Cortes atribuye a los secretarios judiciales y que los jueces quieren que siga siendo de su competen- cia, el secretario de Estado indicó que cualquier modificación deberá plantearse en el trámite parlamentario.
Más jueces. El Ministerio de Justicia pretende que el crecimiento de la planta judicial en los próximos cuatro años sea igual al de los cuatro pasados ejercicios, en los que aumentó en 637 unidades, acercándose a los 5.000 jueces. Además, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la supresión del traslado forzoso, otra de las demandas, fue tildada por Bravo como una buena noticia.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, consideró "deplorable" que los jueces se instalen en el modelo de protesta, por el que amenazan con convocar una huelga y afirmó que aunque hay "razones profundas" para demandar una mejor Administración de Justicia, plantear "ese órdago al Estado" es "absolutamente impropio".
