El Ministerio de Vivienda tiene desde ayer las propuestas de la Junta alternativas a la supresión radical desde 2011 de las ayudas estatales a la promoción y compra de VPO. Técnicos del ministerio que dirige Beatriz Corredor se reunieron varias horas en Madrid con miembros de la Consejería de Vivienda, entre ellos el secretario general de Vivienda, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, para intercambiar documentación. El encuentro, el primero de la ronda que mantendrá el Gobierno con las comunidades, sirvió para preparar la cita bilateral entre la ministra y la consejera andaluza, Rosa Aguilar, prevista para finales de este mes.
Ni la consejería ni el ministerio quisieron desvelar el contenido de las propuestas que puso sobre la mesa Andalucía, pero fuentes de la Junta aseguraron que el Ejecutivo las recibió "bien" y que se comprometió a estudiarlas. La reunión de ayer viene precedida por el encuentro que mantuvo la semana pasada Rosa Aguilar con sindicatos, empresarios y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para hacer un frente común que trate de impedir que el ministerio elimine las ayudas a la vivienda protegida. Los agentes socioeconómicos exigieron "firmeza" a la Junta y advirtieron de que no tolerarán que el plan andaluz de la vivienda se convierta en papel mojado.
Andalucía será la comunidad más perjudicada por la polémica decisión del ministerio de suprimir las ayudas a los promotores (2.000 euros por cada VPO) y las subvenciones directas a la compra de un piso protegido, que llegan a los 12.000 euros en el caso de las rentas más bajas, porque es la región que más dinero recibe. El Estado gastó el año pasado 306 millones de euros en subvenciones para la compra y 63 millones fueron a parar a Andalucía. Es la comunidad que promueve más VPO y buena parte del plan andaluz de vivienda -que prevé la construcción de 132.000 pisos asequibles- se sustenta en las ayudas del ministerio. De ahí que la Junta haya dicho que va a pelear duro para evitar que todos los recursos estatales se dirijan a la rehabilitación y el alquiler.
La consejería había planteado establecer una especie de moratoria, un periodo de transición para que las ayudas no desaparecieran de golpe y, sobre todo, para que pudieran recuperarse cuando remita la crisis. También está estudiando fórmulas para favorecer la financiación a los adquirientes de VPO, ya que el cierre del crédito bancario es el principal problema para cumplir con los objetivos del plan. La solución es compleja, porque tanto el Gobierno como la Junta ya han dejado claro que el margen presupuestario es prácticamente nulo.
