El Consejo de Gobierno aprobó ayer la modificación del plan de ajustes para evitar que los recortes salariales que la Junta le ha aplicado a sus funcionarios se solapen con los que el Gobierno central aprobó hace dos semanas . Los 261.000 empleados públicos de la administración andaluza conservan la porción de la paga extra de julio que la Junta les iba a detraer de las futuras nóminas, pero pierden toda la paga de Navidad, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha anulado por completo.
La Junta ha evitado la duplicidad de recortes. Pero, ¿cuál es el efecto final en los salarios públicos? Los funcionarios perderán más masa salarial con la eliminación íntegra de la extra de Navidad que con los recortes que contenía el plan de ajuste antes de la modificación de ayer. La Junta les iba a retirar en torno a un 5% de masa salarial de los complementos retributivos de julio y diciembre, y el Gobierno les recorta el 7,14% sólo de la paga íntegra de Navidad, según dijo la titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. El resto del plan no varía: el Ejecutivo andaluz mantiene el ajuste que incide directamente en la nómina de funcionarios, laborales e interinos, y que detrae entre el 5% y el 10% del sueldo.
En la confluencia de los dos recortes, los del Gobierno y los de la Junta, los empleados públicos andaluces verán retroceder su salario anual entre el 12% y 17% en esta última oleada de ajustes. CCOO se quejó ayer de que el esfuerzo de la Junta ha sido "insuficiente" para evitar el "doble quebranto" en los sueldos públicos.
La Junta también ha tenido que retocar el plan de ajustes en lo relativo a los días de vacaciones. Estos quedan fijados en 22 jornadas hábiles, mientras que los permisos y licencias pasan a regularse por un listado tasado que, en el caso de los relativos a asuntos particulares, se reducen a tres.
Otra medida de carácter básico impuesta por la norma estatal es la reducción salarial que se aplicará en los días de baja por enfermedad: del primer al tercer día, sólo se abonará el 50% de las retribuciones del mes anterior al de la baja; hasta el día 20, el 75% de la diferencia entre la prestación que se percibe de la Seguridad Social y el total del mes anterior, y a partir del día 21, el 100% de las retribuciones del complemento.
CARGA ADICIONAL. Tampoco la administración andaluza ha salido bien parada al adaptar los últimos recortes de Rajoy. La Junta tendrá que asimilar una "carga adicional" de ocho millones de euros al margen del plan de ajuste, porque las últimas medidas estatales incrementan el pago del IVA y disminuyen los ingresos en Dependencia. En términos absolutos, la eliminación de la extra de Navidad de los funcionarios andaluces suponía un ahorro de 453,1 millones. La parte de las pagas de julio y diciembre que iba a eliminar la Junta sumaban 294 millones. En teoría, la diferencia (159 millones) iba a ser un ahorro en beneficio de la administración andaluza, pero Aguayo lo descartó de plano. La consejera explicó que a consecuencia de los recortes de Rajoy el Gobierno andaluz tendrá que asumir un incremento del IVA de 100 millones y una reducción de ingresos del Estado para Dependencia de 59,8 millones. Hechas las cuentas, faltan esos ocho millones de diferencia que la Junta tendrá que reponer al plan de reequilibrio (ya comprometido con el Consejo de Política Fiscal) restándolos de otras partidas del Presupuesto. "Es paradójico e inaudito que el Gobierno apruebe medidas que suponen más coste que ahorro a las comunidades, sobre todo porque no podemos beneficiarnos del 50% de la recaudación del IVA", dijo.
Aguayo anunció que el gabinete jurídico de la Junta estudia, una vez más, presentará otro recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto ley que aprobó el Gobierno el pasado día 13 (el que ha obligado a la Junta a adaptar sus ajustes). Ese decreto ley afecta a la negociación colectiva, a los permisos sindicales y a la autonomía andaluza para gestionar las bajas por enfermedad. Por ejemplo, la norma estatal ha limitado el permiso por maternidad a 12 semanas, mientras que la Junta tenía establecido cuatro meses más (hasta 16).Aún así la consejera mantiene el compromiso de reducir el déficit público al 1,5% del PIB a final de año, sin necesidad, dijo, de acudir al fondo de ayuda financiera que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades con problemas de liquidez.
Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña ya han solicitado el rescate. Andalucía afronta en los próximos meses un vencimiento de deuda que asciende a 1.500 millones. Políticamente el Gobierno andaluz rechaza el rescate porque considera que a cambio Andalucía vería limitadas sus competencias. En términos económicos, Aguayo no quiso ser tan tajante: "Sería muy presuntuoso por mi parte hacer declaraciones tan rotundas", dijo, aunque añadió que "en estos momentos" no tiene intención de pedir ayuda al Estado.
La consejera espera que la reunión del presidente José Antonio Griñán con el líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, sirva para facilitar la colocación de deuda pública en los mercados para poder financiarse. Existe una autorización para que Andalucía pueda emitir 2.200 millones de euros. En parte, la dificultad para colocar esa deuda se debe, según Aguayo, a las sospechas que desde el principio vierte el Gobierno y el ministro Cristóbal Montoro sobre la viabilidad de las cuentas andaluzas. "Nosotros no necesitamos ayudas, simplemente que se dé una imagen fiel de nuestra comunidad y no se siembren dudas sobre nuestra solvencia", reiteró.
