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Gobierno y Junta se enfrentan por el traspaso del río Guadalquivir

El Ejecutivo andaluz admite su “malestar” con Chaves al que reprocha que ponga “problemas” in extremis a la solución del río

el 06 oct 2011 / 20:32 h.

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La encomienda de gestión del río Guadalquivir expira hoy y el Gobierno central se plantea prorrogarla unos días. / alberto martín

Después de seis meses negociando cuál será el reparto de competencias en la gestión definitiva del Guadalquivir, el Gobierno central y la Junta han llegado al último día del plazo estipulado [hoy] sin acuerdo a la vista. El vicepresidente y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, reconoció ayer que quizá sea necesario prorrogar "unos días" la encomienda de gestión transitoria sobre el río hasta que se alcance el consenso. Pero el Ejecutivo andaluz se plantó ante esa posibilidad. La consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, cargó la responsabilidad en el Gobierno por la falta de entendimiento y reaccionó culpando al Estado de haber cambiado a última hora las reglas pactadas en la comisión bilateral del 16 de septiembre para cerrar una solución al Guadalquivir.

Después de que Chaves admitiese que la firma de la transferencia podría aplazarse, Moreno convocó a los medios de forma extraordinaria para "transmitir la incomprensión, la preocupación y el malestar de la Junta porque el asunto no esté cerrado". "En los últimos días se nos han venido trasladando problemas que no se nos habían expuesto antes", dijo, "se nos plantea un traspaso que no corresponde al acuerdo de la comisión bilateral, que se limita a la Policía de Aguas, y eso está lejos de lo acordado".

Al reconocer abiertamente el "malestar" de la Junta a cuenta del Guadalquivir, Moreno ha optado por sacar a la luz el desencuentro soterrado que existe entre dos gobiernos amigos. Un conflicto difícil de entender en términos políticos: primero, porque el Ejecutivo andaluz no puede renunciar a su reivindicación sobre el Guadalquivir porque -junto a la deuda histórica- es una de bandera del Estatuto. Y segundo, porque a quien le ha tocado sostener el pulso de Andalucía al Estado es a Manuel Chaves, que fue el presidente andaluz que aprobó la reforma del Estatuto y quien encabezó la campaña para que la Junta gestionara el río en exclusiva.

Precedentes. El Ejecutivo andaluz esperaba conservar un alto porcentaje de las competencias que el Estatuto le entregó en 2008 y el Tribunal Constitucional le arrebató dos años después. La sentencia anuló el artículo 51 que otorgaba a Andalucía la gestión exclusiva, porque rompía la unidad de la cuenca de un río que atravesaba varias comunidades autónomas.

La búsqueda de una fórmula intermedia en estos seis meses se ha topado con un elemento complejo: acordar el coste económico y de personal de la devolución del río al Estado, aunque Moreno insiste en que el desencuentro no es por dinero. "No son problemas de carácter económico, no es por la transferencia de medios materiales y humanos", aseguró.
La consejera explicó que en la subcomisión mixta se ha venido trabajando con precedentes que colmarían las expectativas andaluzas sobre el Guadalquivir. Uno de esos precedentes fue la transferencia del pantano de la Chanza, en Gibraleón (Huelva), que consistió en transferir los medios personales (funcionarios) a la comunidad, aunque el Estado conservó la competencia. Fuentes del Gobierno central señalan que "existen serias dudas de que esta fórmula tenga garantía jurídica", y apuntan que el problema no estaría en el reparto de poderes sino en Hacienda. "El traspaso de personal debe tener una financiación pareja, y eso es complejo", advierten esas fuentes.

Ambas partes admiten la dificultad de hallar una fórmula técnico jurídica que permita el reparto de gestión y personal sin violentar el fallo del TC. Moreno dijo "estar abierta a cualquier solución que dé cumplimiento a los acuerdos alcanzados", y añadió que estudiará la prórroga de la encomienda de gestión cuando Chaves "la presente formalmente". No obstante, advirtió de que "no se podrá prorrogar indefinidamente porque eso sería no cumplir la sentencia del TC".

El pasado mes de septiembre, en la comisión bilateral Junta-Estado se acordó que Andalucía mantendría algunas competencias exclusivas sobre el río (no todas como hasta ahora) y sobre el resto, las políticas del agua que volviesen a manos del Estado, tendría "voz" (cierta capacidad de decisión o derecho de consulta). Se daba por hecho que entre las competencias andaluces iba a estar la Policía hidráulica -reconocida también por la Ley estatal de Aguas-, pero además la Junta aspiraba a conservar la potestad en las autorizaciones, los embalses, los cánones y la gestión de la calidad del agua. Sobre las competencias devueltas al Gobierno, faltaba acordar los criterios del reparto, los funcionarios que volvían a depender de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y los que se quedaban en la Agencia andaluza del Agua (la plantilla asciende a 735 trabajadores). El conflicto es improrrogable y ha saltado a 40 días de unas elecciones generales.

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