La reunión a tres bandas mantenida ayer en Madrid entre el Gobierno central, la Junta y Azata del Sol, la promotora del hotel Algarrobico, en Carboneras -en pleno parque natural de Cabo de Gata-, acabó sin que llegaran a un acuerdo sobre la indemnización de las administraciones por la expropiación del inmueble.
En la cita, las administraciones central y autonómica presentaron a la promotora la tasación que dos firmas independientes han realizado del inmueble, con el objetivo de acercar posturas entre las partes, aunque éstas no hicieron ayer pública dicha cantidad. Las posturas, antes de la reunión, estaban separadas por un abismo: el Ministerio de Medio Ambiente ofrecía a Azata del Sol entre 30 y 40 millones de euros, mientras que la empresa solicitaba una indemnización de 300 millones. Sin embargo, el departamento que dirige la ministra Cristina Narbona informó en comunicado tras la reunión de que "las tres partes mantendrán una nueva reunión con la promotora" -cita que no tiene fecha aún- y dejó claro que estas negociaciones tienen como objetivo "lograr un acuerdo que resuelva las diferencias que mantienen [las partes] sin necesidad de esperar al pronunciamento de los tribunales".
El temor a que la falta de acuerdo enmarañe el proceso judicial en el que se encuentra inmerso el derribo del hotel y se posponga así su demolición durante años también fue manifestada por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, antes de la cita en Madrid. "Se verá si puede haber un acuerdo que pueda evitar que continúe el proceso judicial y todos los retrasos que implican un proceso de este tipo", explicó Chaves, quien argumentó con estas palabras el esfuerzo de las administraciones por llegar a un pacto con Azata del Sol. Con todo, Chaves no quiso encadenarse a este acuerdo: "Si puede haberlo, mucho mejor, pero pase lo que pase se va a derribar el hotel", garantizó.
Actuación a dos bandas. La expropiación del hotel El Algarrobico consta de dos fases: por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente expropia la franja de 80 metros de playa de dominio público ocupada por el establecimiento (ubicado en Carboneras, Almería), y la Junta el resto de la edificación y del solar, cuya propiedad reclama el Gobierno andaluz tras ejercer su derecho de retracto al tratarse de un terreno ubicado dentro del parque natural de Cabo de Gata. La Junta pagó a la empresa 2,3 millones al ejecutar este derecho de compra.
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, recordó el pasado martes, en la víspera de la reunión de ayer, que la Audiencia Nacional ya se pronunció sobre el recurso del Ayuntamiento de Carboneras contra la orden ministerial de 2005 -que fijó en 100 metros el deslinde para la zona donde se asienta el hotel-, y la Audiencia consideró que esa expropiación "es correcta".
La responsable de Medio Ambiente añadió que queda pendiente el recurso de Azata y dijo que, si la Audiencia se pronuncia en el mismo sentido, "la Junta estaría en condiciones de derribar el hotel, al menos en la zona de dominio pública".
