Cuatro meses ha durado la alegría de la bajada del paro en España. La sangría laboral, sin embargo, regresará en agosto, un mes tradicionalmente malo para la creación de puestos de trabajo al agotarse los contratos temporales de la campaña turística y existir aún las suspensiones de contratos por el cierre de fábricas durante este mes o las rescisiones para no abonar las vacaciones.
En una entrevista en la Cadena SER, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, indicó ayer que, aunque el paro va a incrementarse, irá a mejor y crecerá menos que en el mismo mes del año pasado, cuando subió en 61.063 personas en el conjunto del país.
Sostuvo que agosto era antes bueno para el empleo, si bien en los últimos diez, quince años, se ha convertido en un mes malo debido a "ciertas prácticas empresariales". ¿Cuáles? "Se suele aprovechar el mes de agosto -explicó el ministro- para rescindir contratos y volverlos a hacer pasado el mes. Es una forma de obtener el pago de las vacaciones a costa del Servicio Público de Empleo. Son prácticas perseguidas y cada vez más controladas".
En julio pasado, el turismo redujo el desempleo en 42.059 personas en España, situando el total en 4.079.742 parados. El próximo viernes se conocerán las cifras de agosto.
No gustaron esas palabras de Valeriano Gómez a los sindicatos. Los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Gorriz, y de UGT, Toni Ferrer, advirtieron de que anticipar las subidas del desempleo en agosto -como hizo el ministro- "no hace menos malos los datos". Le pidieron, asimismo, que no busque "excusas de mal pagador" para maquillar las cifras y que reflexione sobre, dijeron, el "fracaso" de las medidas laborales del Gobierno.
Ferrer resaltó la preocupación por la "tendencia" del empleo, al estar marcado por mejorías "muy estacionales", sin "ni siquiera un buen comportamiento durante el verano", y todo ello, añadió el sindicalista, mientras se "ratifica el giro de la política social".
El PP no desaprovechó la ocasión para cargar de nuevo contra el Ejecutivo. Su secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, calificó de "muy grave" que hable del crecimiento del paro en agosto. A su entender, esas palabras evidencian que el Gobierno socialista está "a la deriva" y que ha ubicado a España en "situación letal", al adoptar "improvisadas" medidas, "saltando de una a otra sin saber muy bien qué ofrecer", opinó.
Pacto de salarios. Por otro lado, Valeriano Gómez se mostró convencido de que empresarios y sindicatos alcanzarán un pacto para mantener la moderación salarial hasta 2014, aunque dijo que él es más partidario de que se haga en España un gran acuerdo de rentas, donde además de moderar los salarios, se frenen los beneficios empresariales y los márgenes de distribución.
El ministro argumentó que si el acuerdo se centra sólo en al moderación de los sueldos, "al final, y legítimamente, los trabajadores dirán por qué son ellos los únicos que colaboran en el proceso". "Para que estas políticas sean creíbles, tienen que estar todos en el mismo barco, en el barco del sacrificio, el rigor y la austeridad", subrayó.
Gómez espera que los agentes sociales sean capaces de alcanzar el pacto antes de las elecciones generales y ampliar así hasta 2014 el acuerdo interconfederal de negociación colectiva, cuya vigencia expira en 2012.
El titular de Trabajo denunció, asimismo, que la política ha influido en la conducta de los empresarios, "quienes no han valorado suficientemente bien las circunstancias económicas y han valorado más la evolución del ciclo político pensando en un hipotético cambio de gobierno" (para la llegada del PP).
"Tengo la impresión de que en la última parte de la legislatura, después de la firma del acuerdo de pensiones, ha habido un cierto viraje de los empresarios (...) Se interrumpió el ciclo de acuerdos (justo) en el momento en el que hubo que reformar la negociación colectiva. Fue en abril y mayo de 2011, muy próximo a la convocatoria electoral del 22 de mayo. Analicemos pues las fechas y quizá extraeremos alguna conclusión", apuntó.
De una forma velada, Gómez sugería que los empresarios, mediante sus organizaciones patronales, estaban empujando al PP hacia el Gobierno.
Moody’s premiará a España por el tope en la Constitución
La agencia de calificación crediticia Moody’s considera positivo introducir en la Constitución española una cláusula que limite el déficit de las administraciones y asegura que lo tendrá en cuenta en su análisis del rating soberano (Aa2), aunque advierte de que establecer una regla de estas características no resolverá por sí misma los desafíos fiscales del país.
“Aunque hubiera sido preferible incluir la cifra máxima permitida de déficit en la propia Constitución e introducir mecanismos claros de corrección y sanción en caso de desviaciones, el anuncio es positivo para el crédito de España”. La calificadora de riesgos colocó el pasado julio la nota de solvencia Aa2 (notable alto) en revisión para una posible rebaja ante las dificultades del Ejecutivo para cumplir sus objetivos fiscales y por las presiones en la financiación.
Moody’s precisó que la propuesta de esta constitucionalización del equilibrio presupuestario “será un factor a tomar en cuenta en la revisión” al ser una “importante mejora” respecto al pacto alcanzado entre el Gobierno central y las autonomías a finales de julio, ya que, a su juicio, un techo voluntario de endeudamiento “habría sido inefectivo” dado el historial de muchas regiones.
El FMI rebaja la previsión de crecimiento para el país
El Fondo Monetario Internacional ha rebajado su previsión de crecimiento para la economía española al 0,7% en 2011, una décima menos que su cálculo inicial, y al 1,3% en 2012, tres por debajo de lo augurado anteriormente, en el marco de un recorte generalizado de las estimaciones de la institución dirigida por Cristine Lagarde. Ya el Gobierno español ha advertido de las dificultades para cumplir su propia previsión. El informe del FMI, que se publicará a final de septiembre, contempla un recorte de una décima en crecimiento de la Eurozona en 2011, hasta el 1,9%, y de tres en 2012, al 1,4%, y alerta del riesgo de que la crisis “escape al control de los políticos pese a la fuerte respuesta”.
