El presidente del Real Betis, José León, se reunió ayer con los interventores de los derechos políticos de las acciones de Farusa, Rafael Gordillo y Juan Manuel González Porrúa, en el Ruiz de Lopera.
En el cónclave, al que no acudió Luis Oliver, consejero deportivo, el presidente heliopolitano se negó a facilitar documentación a los asesores judiciales, alegando que se trataba de un tema "confidencial", tal y como confirmó Porrúa en la explanada anexa a la puerta de cristales tras la cita.
Los dos únicos consejeros con plenos poderes para facilitar información son el presidente y el secretario, un Jaime Rodríguez Sacristán que continúa de retiro vacacional y sin cuya autorización no puede haber trasvase de documentación relevante.
Según un escueto comunicado que publicó la entidad en su web oficial, en el diálogo hubo "transparencia y buena sintonía", una apreciación que el propio Porrúa calificó de "errónea".
Las reuniones entre Gordillo y Porrúa y las principales plataformas opositoras se sucedieron durante el día de ayer. Tras concluir la sesión en el Ruiz de Lopera, Porrúa telefoneó personalmente a José Antonio Tirado, de Por Nuestro Betis (PNB), y a Miguel Cuéllar, de la Fundación Heliópolis. Además, al mediodía decidieron dialogar en primera persona con la junta directiva de Béticos por el Villamarín (BXV).
En la cita, según detalló Emilio Soto, portavoz de la plataforma, el abogado de BXV, Manuel Serrano, informó a Gordillo y Porrúa que ya solicitó formalmente la intervención judicial de la entidad el pasado mes de julio, tal y como anticipó El Correo.
En el encuentro, los interventores reiteraron su recelo en el actual consejo de administración heliopolitano, que se reunirá el próximo 25 de agosto para tratar como único punto del día la convocatoria de una Junta General Extraordinaria.
A la cita, según han confirmado miembros de la oposición, deben acudir un mínimo de 7 consejeros para que los acuerdos sean válidos, un aspecto que incita a multiplicar las elucubraciones sobre su celebración, ya que si dos consejeros no asistiesen no habría quórum y el consejo sería anulado.
Porrúa no ocultó su indignación tras la reunión en el Ruiz de Lopera. "Estamos desconcertados porque la información que habíamos solicitado no se nos ha dado", indicó. "Simplemente nos han entregado un escrito firmado por el secretario -Jaime Rodríguez Sacristán- denegando el acceso a la información", añadió.
Y el argumento es curioso. "Nos han dicho que si tuviéramos acceso a los documentos que hemos exigido sería inconveniente para el consejo", confirmó. "Nos remiten a escrituras públicas, que no son las que nos interesan", finalizó.
Comisiones
Uno de los temas a tratar en el encuentro fue el del repentino adiós de Carlos Bucero, eventual director deportivo y máximo responsable en materia de fichajes hasta el lunes. "Nos han dicho que discutieron con él y que se ha ido", explicó el propio Rafael Gordillo. "Les hemos pedido otros papeles sobre el tema deportivo, pero se han negado a facilitarnos cantidades de las operaciones", indicó el de San Pablo.
Según ha podido saber El Correo, el fichaje del malabo Nsaliwa se ha roto después de que el propio Bucero, responsable de la operación, haya exigido una serie de comisiones por la gestión, una solicitud que Oliver rechazó de plano. El africano con pasaporte canadiense iba a recibir 300.000 euros brutos anuales, aunque el ex del Real Madrid pedía 150.000 euros en concepto de mediación. Bucero, además, podría presentar en los próximos días una demanda formal por incumplimiento de contrato.
