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Gordillo niega que ejerciera coacciones durante su participación en un piquete en la huelga del 29M

el 08 nov 2012 / 13:10 h.

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El parlamentario andaluz y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan  Manuel Sánchez Gordillo (IU), ha negado este jueves que ejerciera,  como miembro de un piquete informativo, coacción alguna a los  trabajadores durante la huelga general del pasado 29 de marzo y ha  defendido las acciones de "no violencia activa" que llevó a cabo en  esa fecha el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Sánchez Gordillo, que ha sido citado a declarar en la Sala de lo  Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)  dada su condición de aforado, ha llegado al edificio judicial poco  antes de las 10,30 horas, cuando estaba prevista su comparecencia,  acompañado por el portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, y el  también integrante del sindicato y cantaor granadino Juan Pinilla.

Acudía "tranquilo" y "optimista" a su declaración, para defender  que su actuación como piquete informativo en varias localidades  sevillanas, concretamente en Estepa y La Roda de Andalucía, fue  correcta y "no violenta" y, ante los periodistas y con el respaldo de  aproximadamente un centenar de personas que se han concentrado frente  al TSJA para apoyarlo, ha criticado que se esté pretendiendo  "judicializar" las acciones de los sindicatos. "Espero que la  justicia sea justa. Desde el SAT sólo estamos molestando, y llamando  la atención sobre que la crisis tiene otro rostro distinto a la prima  de riesgo, el pago de la deuda o el rescate", ha mantenido.  

Tan sólo poco más de una hora después ha salido junto a su  abogado, José Antonio Salazar, y ha comunicado que ha ejercido su  derecho constitucional a no declarar ante el magistrado Miguel  Pasquau, que instruye la causa contra él por supuestas coacciones a  comercios durante la huelga, por lo que se le atribuyen inicialmente  cinco delitos contra los derechos de los trabajadores que le podrían  suponer penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación por  cada uno de ellos.

Según su letrado, el juez instructor le ha explicado a Sánchez  Gordillo que su imputación se deriva de cinco atestados de la Guardia  Civil levantados contra él con motivo de la huelga general, por  "cinco incidentes" en La Roda y en Estepa. No obstante, según  Salazar, Pasquau le ha trasladado que, independientemente de lo que  decida la Fiscalía, sólo uno de los atestados podría suponer una  actuación delictiva. De hecho, el magistrado cuenta con una grabación  que hizo la Guardia Civil que vendría a probar que la actuación de  Sánchez Gordillo se excedió de lo meramente informativo y pudo  suponer una coacción a trabajadores de un establecimiento de Estepa. 

La defensa del parlamentario ha afirmado que no ha tenido  conocimiento hasta este mismo jueves de la existencia de esa  grabación ni ha contado anteriormente con la documentación de la  causa, y ha indicado que por esa razón se ha negado a declarar y ha  preferido hacerlo con posterioridad, una vez tome conocimiento de  todas las diligencias al respecto. Además, el abogado ha anunciado  que impugnará no obstante esa grabación como posible prueba porque,  al parecer, se trata de una copia y no el original.  

Para esa nueva declaración no hay aún fecha acordada, si bien el  abogado ha calculado que el alcalde de Marinaleda podría volver a  Granada, al TSJA, en una semana o semana y media para comparecer de  nuevo.

"Yo por supuesto que niego las coacciones , en ningún momento hubo  ningún problema, explicamos lo que queríamos, aunque siempre hay  tensión en esos momentos, pero nada más", se ha justificado Sánchez  Gordillo que, pese a no querer pronunciarse ante el instructor, sí ha  decidido atender a los periodistas.  

El líder del SAT, Diego Cañamero, se ha quejado por su parte de  que las personas que se han trasladado hasta Granada para participar  en la concentración de apoyo "a un dirigente histórico del movimiento  jornalero" han sido identificadas en los autobuses en los que  viajaban y ha atribuido a una "persecución clarísima" las citaciones  judiciales que se están sucediendo contra afiliados o simpatizantes  del SAT, puesto que desde marzo "hya ya 130 compañeros procesados".

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