La comisión de investigación del Plan Centro ha puesto en evidencia una realidad que había permanecido prácticamente oculta: el nuevo gobierno no ha desactivado en ningún momento una veintena de cámaras instaladas en los accesos al casco histórico . Siguen grabando imágenes de los coches que acceden al casco histórico, aunque éstas no deriven en un procedimiento sancionador, e incluso permite al jefe de sección del Centro de Control de Tráfico disponer de fotos, con las matrículas visibles, de los vehículos. Las imágenes, que fueron presentadas en la comisión de investigación como prueba, han derivado, de momento, o en una investigación del secretario.
La decisión final sobre si la continuidad de las cámaras es o no legal queda en manos del secretario a instancias de un informe solicitado por IU. Pero hay elementos, al menos cuestionables. Durante meses, las cámaras tuvieron una señal a su lado que advertía de que se trataba de una zona sometida a videovigilancia. El mismo cartel que existe en puntos de la ciudad. Sin embargo, ante la desregulación del Plan Centro se retiraron todas esas señales. No hay indicaciones.
La Agencia de Protección de Datos tiene publicados numerosos informes sobre este tipo de situaciones, y siempre llegan a la misma conclusión: debe informarse de que se está grabando. En uno de estos estudios se habla del supuesto incluido en la Ley Orgánica 4/1997 de "la instalación de videocámaras o cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, vigilancia regulación y disciplina del tráfico". En esta misma ley incluye la siguiente disposición: "El público será informado de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento y de la autoridad responsable". Y lo completa con una referencia a la instrucción 1/2006, de esta misma agencia: "Se deberá colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en un lugar suficientemente visible". Según el pliego de condiciones del sistema de videovigilancia del casco histórico, esta instrucción, la 1/2006, es de obligado cumplimiento "dada la particular naturaleza de la información incluida en los archivos".
Que las cámaras están sujetas a la Ley de Protección de Datos lo muestra además que en agosto de 2010 se publicara en el BOP un fichero de datos Y éste autorizaba a "la captación y almacenamiento de imágenes de forma continua de vehículos que circulan por carriles exclusivos de servicio público, reservados o zonas de acceso restringido". En estos momentos hay cámaras que no vienen acompañadas de ninguna señalización de zona de acceso restringido porque se ubican en vías que ya no lo son. La Agencia de Protección de Datos incluye en su instrucción 1/2006 un principio que puede entrar en contradicción con la actualidad, la proporcionalidad: "Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que resulten menos intrusivos". En estos momentos, según el delegado de Tráfico y Seguridad las cámaras se usan para conteo de vehículos, utilización que además contrasta con el coste del sistema: un millón de euros.
Es quizá el uso que tienen las imágenes lo que avala su continuidad, ya que se limitan a contar coches. Pero sí se siguen almacenando fotos o al menos imprimiendo algunas, y la Policía puede solicitar por vía ordinaria y de forma excepcional los datos, como se apuntó en la comisión de investigación. Será el secretario municipal quien deba aclararlo y explicar si como IU pide se pueden iniciar acciones judiciales.
