Granada será la primera capital andaluza en prohibir expresamente la prostitución en la calle, mediante una ordenanza municipal aprobada ayer que prevé multas de hasta 3.000 euros para meretrices y clientes y que entrará en vigor en noviembre.
La ordenanza para la convivencia se aprobó en pleno con los votos de PP (en el gobierno) y PSOE frente a la oposición de IU, que considera que la prohibición de la prostitución no es competencia municipal y "no servirá para solucionar el problema social".
El texto considera una infracción muy grave -sancionada con entre 1.501 y 3.000 euros- el "ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales" a menos de 200 metros de zonas residenciales, centros educativos, comerciales y empresariales. Si la prostitución se ejerce fuera de ese perímetro, las sanciones serán leves y oscilarán entre 1 y 750 euros, tanto para clientes como para prostitutas, aunque en el caso de éstas, el dinero se destinará a programas sociales.
La Policía Local alertará a partir de noviembre a clientes y prostitutas de la nueva norma y aplicarán las sanciones si persisten en su actitud, si bien sindicatos policiales como SIPAN ya han alertado de la "dificultad" de hacerla cumplir sin más efectivos.
Al igual que Granada, Sevilla también prepara una ordenanza municipal aunque sólo sancionará al cliente. Y el eterno debate sobre la prohibición o regulación de la prostitución volvió el martes a la política nacional cuando el Congreso rechazó una propuesta de ERC para legalizarla. La consejera andaluza de Igualdad, Micaela Navarro, aseguró que haber legalizado esta actividad "posiblemente, fuera el camino más sencillo" pero insistió en la complejidad de este tema y abogó por "seguir luchando contra las mafias".
En el caso de la norma granadina, el capítulo de sanciones ha sido objeto de gran parte de las 44 alegaciones presentadas por IU, asociaciones de vecinos y ONGs, que pedían especificar los recursos de atención social a estas personas. El edil de Protección Ciudadana, Eduardo Moral aseguró que la red de servicios sociales podrá asumir la atención de las prostitutas y mendigos -la ordenanza también prohibe la mendicidad "insistente y agresiva" y el uso de menores- que sean reconducidos a éstos en sustitución de las multas.
El texto prevé multas para los limpiaparabrisas de los semáforos y exige un permiso municipal para las actuaciones de artistas callejeros en los pasos de cebra. En cuanto a la prohibición de hacer grafitis -los padres o tutores serán responsables subsidiarios-, la Asociación Color en la Calle presentó una alegación avalada con más de 2.000 firmas que fue incorporada parcialmente. Así, no habrá sanciones si las pintadas se hacen con permiso de los propietarios del muro o inmueble y del ayuntamiento.
