Más de 8.500 jubilados de muy avanzada edad, entre ellos 500 que han superado los 110 años de edad, siguen cobrando su pensión en Grecia, un hecho que ha provocado que el Gobierno investigue si esos pensionistas siguen efectivamente vivos o si el dinero va a parar directamente a sus familiares.
El ministro de Trabajo, Andreas Loverdos, anunció ayer que la Fiscalía ha ordenado una investigación y que ya están en curso controles para averiguar si esos longevos pensionistas siguen realmente vivos.
El crónico caos de la burocracia en Grecia permite que se hayan detectado casos de personas que llevan cobrando la pensión desde 1954.
De hecho, el Gobierno griego ha descubierto que el Estado ha estado pagando durante años pensiones a 321 ciudadanos jubilados de más de 100 años de edad cuando en realidad ya habían fallecido, en algunos casos hacía más de una década, según informó la cadena británica BBC.
Por su parte, el viceministro de Trabajo, Yorgos Kutrumanis, explicó que esos controles ya han permitido detectar 321 casos de jubilados fantasma, en los que la pensión seguía siendo abonada pese a su muerte y, en muchas ocasiones, cobrada por los familiares.
Kutrumanis reconoció la lentitud y la falta de exactitud de los sistemas para evitar esas situaciones y aseguró que en ocasiones se tarda hasta 7 años en cancelar los pagos de la pensión de un jubilado fallecido.
En cualquier caso, el viceministro explicó que no siempre se trata de una estafa, ya que se han dado casos en los que el dinero era transferido a una cuenta corriente de la que no era retirado por nadie.
"Esta situación no se puede producir más", aseguró Kutrumanis, al considerarlo un fenómeno ajeno "a un país que quiere ser llamado europeo", tras calificar la situación como "increíble" y propia de "un país tercermundista".
En los últimos meses, Grecia ha tenido que realizar grandes recortes sociales para hacer frente a la crisis de deuda del país, que le colocó al borde de la bancarrota y que le obligó al lanzamiento de un fondo de rescate de 750.000 millones de euros por parte de los miembros de la Zona Euro y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar la quiebra del país.
