Sólo uno de cada mil responsables de fuegos forestales acaba siendo juzgado en España, según cálculos de Greenpeace a partir de datos de incendios y superficie quemada del Ministerio de Medio Ambiente y sentencias por este delito recogidas por la organización ecologista.
En el caso de los grandes incendios, aquellos que arrasan más de 500 hectáreas, únicamente el 3,5% de los causantes fueron sentados en el banquillo de los acusados entre 1996 y 2005, entre otras conclusiones del informe Incendios Forestales ¿El fin de la impunidad?, presentado ayer.
Entre las 228 sentencias que Greenpeace recogió desde la modificación del Código Penal de 1995 hasta 2006, fueron condenatorias 177, es decir el 78% de todas ellas.
La mayor parte de las condenas se dieron en Galicia (46), donde se registran más de la mitad de los incendios de España, seguida por Castilla y León (30) y Andalucía (28), mientras que no hubo ninguna en Navarra ni en el País Vasco.
Dos de ellas son relativas a grandes incendios, una contra FECSA-Endesa por un siniestro en 1998 en la provincia de Barcelona, y otra en 2007 contra el Ministerio de Defensa por un fuego de 1998 en la de León.
Sin embargo, las condenas sólo se refieren al 5,49% de la superficie arrasada en ese decenio y nunca se llegó a la pena máxima prevista: 20 años de cárcel.
La más alta conocida por Greenpeace es de ocho años, dictada en Málaga en 2006, contra un hombre reincidente, en tratamiento psiquiátrico, con multa de 385.00 euros por quemar intencionadamente 270 hectáreas.
Ninguna de las condenas fue dictada contra cazadores ni por razón de intereses inmobiliarios, a pesar de que el litoral se urbanizó en algunos casos a "golpe de cerillazo", según el autor del estudio, Miguel Ángel Soto.
A pesar de todo, el número de juicios, sentencias y condenas crece de manera constante en los últimos años gracias a las fiscalías de Medio Ambiente, según valoró Soto, aunque la relación entre el número de incendios y condenas, matizó, es todavía demasiado pequeña.
Reclamó una mayor actividad preventiva y lamentó las dificultades para acceder a todos los fallos judiciales, cuyo número es desconocido por los Ministerios de Justicia e Interior, afirmó.
Greenpeace pudo conocer 257 sentencias dictadas entre 1994 y 2007 por audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y el Supremo, pero no las de los juzgados de lo penal, pues no están informatizadas.
En esta línea, Soto citó la memoria de 2007 de la Fiscalía General del Estado, que por vez primera informó de sentencias por este delito: 82 condenatorias y 19 absolutorias.
En el 50% de los casos pasan entre dos y cuatro años entre el incendio y la sentencia; en el 30%, entre cinco y siete años, y sólo pasa un año en el 14%.
Los ecologistas piden que las Comunidades Autónomas sean acusación particular en los juicios y reclaman la consideración penal para sucesos calificados como imprudencia. También consideran que el sistema de jurado popular no es el más adecuado.
