Los sindicatos ya han advertido de que su relación con la Junta no será igual tras la huelga general del 29-S. Ahora exigen pasos firmes del Gobierno andaluz para impulsar el diálogo social y UGT reclama como condición para sentarse a negociar que la Junta fije un catálogo de prioridades de la Concertación. Ayer el presidente andaluz, José Antonio Griñán, recogió el testigo y dijo que "comparte" las prioridades que marcan los sindicatos, algunas de las cuales "muy pronto se pondrán en marcha".
Tras la huelga general, Griñán se comprometió a reforzar el diálogo social, que no pasa por su mejor momento, y a impulsar el VII Acuerdo de Concertación, que los sindicatos denuncian que está paralizado. El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, dejó claro que lo primero que deberá hacer la Junta para ganarse su confianza es hacer públicas las ayudas y subvenciones que reciben las empresas, con al menos carácter trimestral; acometer planes de empleo vinculados a la iniciativa pública; impulsar medidas de carácter fiscal o abrir una negociación sobre el decreto de reordenación del sector público.
Esta última demanda es la más espinosa, porque la Junta no está por la labor de rectificar su plan de recortes en las empresas públicas andaluzas, que los sindicatos han recurrido porque, a su juicio, conlleva una pérdida de los derechos de los trabajadores. UGT sospecha que se ha transformado la "administración paralela" de la Junta que ya existía en otra bajo la fórmula jurídica de la agencia y denuncian que falta transparencia en el proceso de fusiones y absorciones de los entes públicos.
Griñán, que intervino ayer en el foro Speakers del diario Odiel Información, insistió en que su Ejecutivo comparte con los sindicatos "qué es lo prioritario en la ejecución de ese séptimo acuerdo", al tiempo que auguró que "pronto van a ver cómo hay elementos de esas prioridades que se van a poner en marcha". En este punto, se refirió a uno que se produjo el jueves mismo, la reforma del Servicio Andaluz de Empleo, ya abordada con los sindicatos, y para cuya puesta en marcha se firmó un protocolo con el Ministerio de Trabajo. Tras destacar que Andalucía es la única comunidad que ha firmado ese convenio, precisó que el mismo "llevará a una modificación importante del SAE que permita a los que hoy se considera demandantes de empleo y en realidad son oferentes, ponerlos en condiciones para poder encontrarlo ya que, en ocasiones, hay que reorientarlos o recualificarlos profesionalmente".
Pese a las buenas previsiones del presidente andaluz, Pastrana ya ha avisado de que los trabajadores "no entenderían que después de la huelga actuásemos unos y otros como si no hubiera pasado nada", de ahí que para volver a la "normalidad" exija priorizar en la Concertación las medidas encaminadas a mantener y crear puestos de trabajo.
sueldos públicos. Sobre la posible inconstitucionalidad del recorte salarial a los funcionarios, el presidente andaluz dijo que tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien se pronuncie sobre este asunto. "Soy laboralista, no constitucionalista", aclaró. Griñán indicó que se trata de una ley que "se ha aprobado por las Cortes Generales y en todo caso el Constitucional determinará". "Yo no puedo decir nada", insistió. La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha abierto una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, entre las que se encuentran el recorte de los salarios de los empleados públicos entre el 5 y el 10%.