Su opinión, dijo tras reunirse en Huéscar con alcaldes de esta comarca granadina, coincide con la de la ministra de Economía, Elena Salgado, con la que reconoció haber hablado del asunto aunque no de las competencias sobre cajas de cada Gobierno. "Yo tengo las competencias que tengo, ella tiene las suyas y cada uno las vamos a ejercer en la medida en que determina el Estatuto o sus propias leyes", subrayó.
Caja Granada firmó el jueves un acuerdo de integración con Caja Murcia, Caixa Penedès y Sa Nostra mediante el Sistema Institucional de Protección (SIP), una fórmula que necesita la autorización de la Junta en virtud de la reforma de la Ley de Cajas del pasado octubre. El mismo jueves, Griñán fue preguntado sobre la posibilidad de negar esa autorización. "Yo no descarto nada" y "tengo una competencia que voy a ejercer" fueron sus respuestas. Aunque también matizó que será la Consejería de Economía la que se tenga que pronunciar y "cuando se puede juzgar, no se puede prejuzgar". Una matización en la que abundó por la tarde un comunicado de la Junta remarcando el "respeto total" a los órganos de decisión de las cajas.
Griñán fue ayer más allá al defender la decisión de Caja Granada como una "oportunidad". Pero desde el PP-A, Javier Arenas continuó aprovechando el tirón para tildar de "barbaridad que el presidente de la Junta amenazara al consejo de administración de Caja Granada cuando la decisión se tomó por unanimidad" y tiene el visto bueno del Banco de España. Con éste Griñán reconoció tener menos interlocución que con la ministra. "Con el Banco de España hablo poco porque tengo poco dinero", ironizó.
Pero al margen de Caja Granada, que el 13 de julio constituirá con las otras tres entidades la mesa laboral, el protagonismo de las dos principales patas de la gran caja que quiere Griñán también ha dado pie a tiras y aflojas de tinte localista que ya dieron al traste con proyectos anteriores a cuenta de dónde se ubicará la sede central.
Tanto Griñán como Arenas llamaron ayer al orden al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), que anunció su oposición al proyecto si la sede no fuera su ciudad. La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla (PSOE-IU), también reclamó que se respete el peso de Sevilla aunque instó a "despojarse de localismos". Y ayer el propio presidente de Cajasol, Antonio Pulido, hizo un guiño al asegurar que Sevilla "tendrá su peso específico" en la reestructuración del sector.
El presidente de la Junta dejó claro que "no es un problema que haya que resolver ahora, entre otras cosas porque la sede no es el tema más importante en estos momentos" y reclamó que "nadie patrimonialice la gran caja". "Cuando se empieza a hacer una casa construyendo las ventadas lo que hay es el vacío", añadió, y si al inicio de un proyecto de esta "envergadura" alguien empieza planteando "problemas" es que "no tiene mucha voluntad".
Por su parte, el presidente del PP-A consideró "absolutamente legítimo que cualquier alcalde defienda lo mejor para su ciudad" pero resaltó que "todavía ni siquiera los consejos de administración de Unicaja y Cajasol han valorado dar un paso, es precipitado hablar de otras cuestiones". "En política es muy importante acertar en la administración de los tiempos, y los tiempos en estos momentos pasan por ver qué sucede con CajaSur y si se produce esa oferta conjunta por parte de Unicaja y Cajasol". Instó a "ser muy discretos y serios y no crear problemas a estas entidades desde la política" y añadió que el proyecto "no sale si no hay consenso social en Málaga y Sevilla".