"Estamos analizándolo". El Gobierno andaluz no tiene decidido aún si solicitará ampliar sus actuales competencias sobre las políticas de empleo para pasar también a gestionar las bonificaciones a los empresarios, como hará el País Vasco. El consejero de Empleo, Manuel Recio, dejó ayer esa puerta abierta en plena vorágine sobre si el traspaso pactado por Zapatero con el PNV para salvar los Presupuestos del Estado discrimina a otras comunidades.
Andalucía podría según establece su Estatuto, acceder también a la gestión ejecutiva de las cuotas empresariales, al igual que Cataluña, Baleares, Valencia y Castilla y León, todas con estatutos de nueva generación. Cataluña y Extremadura ya han dicho que pedirán equipararse al País Vasco. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que no existe un plan para transferir a más regiones esta gestión, si bien precisóque se analizarán todas las peticiones.
Fuentes del Ejecutivo andaluz señalaron que han pasado sólo 24 horas desde que esta posibilidad se ha puesto sobre la mesa y que aún deben analizarla con detenimiento, si bien dejaron claro que: "Andalucía nunca cierra la puerta a ninguna transferencia". El debate se ha cruzado cuando la Junta "está a punto de cerrar un acuerdo con el Ministerio de Trabajo" para emprender una reforma "en profundidad" del Servicio Andaluz de Empleo, un órgano que en plena crisis y con más de un millón de parados en Andalucía no funciona como agencia de colocación de parados. Según los datos oficiales el SAE tan sólo interviene en el 15% de las contrataciones. El Parlamento debatirá el próximo pleno una iniciativa socialista sobre este asunto. El texto registrado no reclama más competencias, si bien fuentes socialistas no descartaron añadir este punto a la iniciativa.
El Partido Popular ha emprendido una dura campaña contra el acuerdo con los nacionalistas vascos y alerta de que está en peligro la caja única de la Seguridad Social. El traspaso cerrado con el PNV transfiere las políticas activas de empleo, que ya gestionaban todas las comunidades: cursos de formación para parados, itinerarios de inserción laboral, inspección... En el caso de Andalucía, esas políticas están en manos de la Junta desde 2003. La novedad reside en que por vez primera el Gobierno vasco gestionará las bonificaciones que se abonan a los empresarios para incentivar las contrataciones.
La letra pequeña del traspaso aún no se conoce pero el consejero de Empleo explicó a este periódico que "no se transfiere en ningún caso la capacidad normativa", es decir la comunidad vasca no podrá fijar a quiénes van dedicados esos incentivos ni el perfil del parado que le interesa promocionar. "La capacidad normativa seguirá estando en el Gobierno central. Eso es igual para toda España, no se podrán establecer diferencias". El Gobierno andaluz negó con rotundidad que se rompa la caja única, ya que las políticas pasivas (las prestaciones que cobran los parados) no se transfieren. Esa era una reivindicación histórica del País Vasco.
