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Griñán contrataca con Gürtel y Camps

Arenas pide la dimisión del presidente andaluz

el 03 mar 2011 / 20:46 h.

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El presidente andaluz, José Antonio Griñán, durante la sesión de control al Gobienro.

"Si yo diera mayor credibilidad a un imputado que a una persona honorable tendría que creer que [Francisco] Correa [cerebro de la trama Gürtel] entró en el PP de su mano. Usted lo negó y yo le creo a usted porque esas son las palabras de un imputado. Es lo que debería hacer usted". Fue el cierre que eligió el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su careo en el Parlamento con el líder del PP-A, Javier Arenas.


Previamente el portavoz popular había acudido a las palabras del exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, -en una entrevista en El País- para asegurar que queda demostrado que lo que existía entorno a las ayudas públicas de la Junta para prejubilaciones y empresas en crisis era "una trama". "Un atropello a la legalidad". Por cierto que, a pesar de la afirmación de Griñán, Guerrero no está imputado en la investigación judicial abierta por la jueza Mercedes Alaya en Sevilla. El exdirector general y exalcalde de la localidad sevillana de El Pedroso (varios de los militantes socialistas que figuran como falsos prejubilados son de este pueblo y sus aledaños), se ha convertido en uno de los cerebros del caso. Su declaración ante la Policía Judicial -allí utilizó la famosa expresión de "fondo de reptiles" de la que luego se retractó- ha sido una pieza clave para abrir una nueva causa que ha puesto bajo la lupa judicial todas las ayudas de empleo de la Junta de los últimos diez años. Pero sobre él, de momento, no pesa ningún cargo.

"Si no acepta una comisión de investigación en el Parlamento, le pido que presente su renuncia como presidente de la Junta", defendió Arenas. De nuevo Griñán acudió a Gürtel para sacudirse el golpe. "Sí, podría renunciar y usted poner a un imputado como presidente, como en Valencia", señaló en alusión a la designación de Francisco Camps.Fue el guión de la sesión de control en la Cámara andaluza que puso frente a frente a los dos primeras espadas con un tema sobre el papel, el desarrollo del Estatuto, y otro muy diferente en la práctica, el caso de supuestos fraudes en las ayudas públicas de Empleo.

El PP asedió al Gobierno andaluz en el pleno. Interrogó al consejero de Empleo, Manuel Recio, con cinco preguntas en cadena sobre la trama y llevó, de nuevo, la petición de una comisión de investigación sobre este asunto. Solicitud que como ocurrió hace tan solo quince días, fue vetada con la mayoría absoluta de los socialistas (51 votos a favor y 55 en contra).El Gobierno llevaba días tejiendo su estrategia. Había planificado un segundo estallido controlado de información sobre la trama de los ERE en la Cámara a cargo de Manuel Recio.

Cerca de las diez de la mañana el consejero destapó en la tribuna los datos de la investigación interna: 70 nuevas irregularidades, a las que llamó durante toda su intervención parlamentaria "nuevas discordancias". Un par de horas después Arenas se burlaría de la expresión. "Hablan de discordancias como cuando antes de la crisis hablaban de desaceleración", ironizó.

El presidente andaluz se mantuvo firme en su discurso frente a la avalancha de peticiones de dimisión que enjaretó el PP, quien apuntó a que debería dejar su cargo el actual consejero de Empleo, por "mentir" en el Parlamento y haber negado las irregularidades; el anterior consejero y actual dirigente del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera; y el propio Griñán. Defendió que el Ejecutivo está colaborando estrechamente con la justicia y que su objetivo es que "resplandezca la verdad". "Este caso encierra irregularidades, pero también ayudas que han servido a muchos trabajadores y muchas empresas", sostuvo en el pleno. La Junta y los socialistas subrayan los números: 1.569 trabajadores prejubilados con ayudas públicas frente a 70 falsos prejubilados o intrusos.Arenas se aferró a unas declaraciones públicas del dirigente socialista, en las que afeó al PP su forma de hacer oposición y aseguró que le "repugnaba" su política. Lanzó a Griñán varias preguntas con ese verbo: "¿no le repugna mantener ocultos los informes de la Intervención General; no le repugna que haya 70 intrusos; no le repugna que aparezcan comisionistas en el dinero de los parados...?".


Las acusaciones que la oposición lanzó al Gobierno a lo largo del pleno fueron muchas y muy gruesas. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, volvió a insinuar una trama de financiación ilegal del PSOE y habló de "tráfico de influencias". "La amistad, la cercanía y el carné del PSOE era lo que servía para participar de los fondos", denunció Sanz.
Diego Valderas (IU) exigió una comisión de investigación para "llegar hasta el final de este saco sin fondo de corrupción", pidió responsabilidades al Gobierno y aseguró que hay "muchas sombras de dudas y sospechas".

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