Griñán ha visitado este domingo la XIV edición de la fiesta de las migas de Lora del Río (Sevilla), donde a preguntas de los periodistas a aludido a la imputación del vigente director general de Trabajo y Seguridad Social a manos de la juez Mercedes Alaya. El consejero de Empleo, Manuel Recio, ya había defendido a Rivera el sábado y había descartado su cese señalando que los hechos investigados "tienen su origen mucho antes" del propio nombramiento de Rivera.
"COLABORANDO CON LA JUSTICIA"
Griñán, en la misma línea, ha explicado a los medios de comunicación que Daniel Alberto Rivera "desde el principio, se puso al frente de la investigación" administrativa emprendida por la Consejería de Empleo en cuanto a estos hechos, por lo que se trata de un alto cargo que "ha estado colaborando con la Justicia y ha remitido a la juez toda la documentación donde se haya podido apreciar alguna irregularidad". Además, y en referencia al contenido expreso del último auto de la juez Alaya, Griñán ha señalado el hecho de que la juez "no imputa ningún delito" concreto a Daniel Alberto Rivera. "De aquello que se le dice que pudo haber hecho y no hizo, él solo se limitó a hacer una orden de pago de un expedientes de cuatro años antes" de su desembarco en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, ha defendido Griñán.
Cuestionado por la figura de Juan Márquez, antecesor de Rivera en el cargo y también imputado en la investigación a través de este último auto, el presidente andaluz ha señalado, textualmente, que "estoy hablando del actual director general de Trabajo, que es el director de Trabajo que tengo".
LA TRAMA DE LOS ERE
La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.
El último episodio de la investigación judicial contempla la imputación en la causa del vigente de director general de Trabajo y Seguridad Social y de Juan Márquez, antecesor de Daniel Alberto Rivera al frente de este departamento de la Consejería de Empleo. Francisco Javier Guerrero, quien ocupó este cargo antes que Rivera y Márquez, figura también como imputado y es, de hecho, una persona clave en los hechos investigados al corresponder a su etapa el mencionado convenio con el IFA.
RECIO SE REMITE A LA CRONOLOGIA
Sobre la imputación de Rivera, el consejero de Empleo ya había detallado algunos aspectos del expediente de regulación de empleo promovido en 2006 por Surcolor S.A., un procedimiento gracias al cual dos personas totalmente ajenas a la empresa gozaron de rentas por prejubilación. Y es que, como ha defendido Recio, la póliza de seguro de rentas relativa a este ERE "fue tramitada cuatro años antes" del nombramiento de Rivera, quien sencillamente firmó en octubre de 2010 una resolución de una ayuda excepcional para el conjunto de prejubilados de este ERE "cuando no había ningún indicio de irregularidad". Recio fue sido "contundente" a la hora de señalar que Rivera "no tiene la menor responsabilidad" en cuanto a la inclusión en el procedimiento de dos personas ajenas a la empresa en cuestión, por lo que "no es sostenible su imputación".
En cuanto a la ayuda de 109.620 euros percibida por la empresa 'Acyco', otro de los aspectos esgrimidos por la juez para imputar a Daniel Alberto Rivera al coincidir supuestamente la cuantía con los cobros percibidos por un gabinete externo, el consejero de Empleo desgranó el orden cronológico correspondiente a dicha subvención. Según él, tal subvención "fue aprobada el 24 de marzo de 2010", mientras Rivera llegó a su cargo el 13 de abril y no fue hasta el 13 de septiembre de 2010 cuando "dentro del calendario de pagos previsto, tramita el pago del 75 por ciento de la ayuda". "Esta ayuda fue resuelta con anterioridad a su llegada a la Consejería", señalaba.
