El presidente andaluz, José Antonio Griñán, realizó ayer en Málaga una férrea defensa del modelo de negociación colectiva y de Concertación Social, en el aire ante las previsibles reformas y recortes que puedan avecinarse en breve. Griñán -que firmó con CCOO y UGT y con la Confederación de Entidades para la Economía Social (Cepes) el tercer Pacto Andaluz por la Economía Social- apuntó que la competitividad "no consiste en desplomar las condiciones de trabajo, alargar las jornadas y bajar los salarios", sino en añadir elementos productivos, en ganar mercados y potenciar la I+D+I.
"En un momento en que parece que la crisis se debe resolver rompiendo aquellos elementos que históricamente nos han dado certidumbre, son demasiadas las voces que apuestan por desorganizar la sociedad para construir un mundo nuevo y salvarnos de la crisis, pero creo que si hacemos lo primero y lo segundo, no conseguiremos lo tercero", apuntó el presidente, para quien "nada ha hecho más por el desarrollo de España que la negociación colectiva". Griñán advirtió de que "si los elementos que han dado cohesión social a la sociedad española y andaluza se derrumban", no será posible superar la crisis. Griñán recordó que la negociación colectiva ha permitido la fijación de las actuales condiciones de trabajo y ha sido un "potentísimo instrumento de paz social", algo que consideró "indispensable" para la competitividad de la economía. "Sin paz y estabilidad social no hay competitividad, ni economía productiva ni capacidad de ganar mercados", insistió.
En cuanto a la economía social, el sector cuenta en Andalucía con 7.621 empresas -4.339 cooperativas y 3.282 sociedades laborales- con más de 400.000 socios y 63.000 empleos, lo que supone el 22% del total de ese segmento en España. Las empresas de economía social suponen un 13% del PIB andaluz, con un promedio de crecimiento del 2,25% en los últimos 15 años y del 3,65% en el empleo. En Málaga, la cifra llega a las 1.200 empresas, con un perfil dominado por la agroalimentación y con Hojiblanca como firma emblemática.
El tercer Pacto Andaluz tendrá una vigencia de cuatro años y cuenta con más de un centenar de objetivos y acciones para "hacer más fuerte la actividad económica con este modelo de empresa, que crea empleo estable y ofrece oportunidades no deslocalizables", afirmó Griñán. Entre ellas figura el desarrollo de una estrategia para poner en valor la marca Cooperativa Andaluza, la implantación de la RSC; la colaboración con las universidades; la promoción de la economía social entre los emprendedores y la cooperación e integración entre empresas. La inversión prevista en los cuatro años incluirá de forma directa unos 90 millones, a los que habrá que sumar las líneas de incentivos del Ejecutivo andaluz.
El presidente de Cepes, Antonio Romero, afirmó que el sector representa "otra manera de hacer economía, mucho más pegada al terreno y más solidaria", que aporta casi el 20% del empleo andaluz "sin que en los últimos quince años se haya destruido un solo empleo". El secretario de UGT-A, Manuel Pastrana, destacó la importancia de este pacto "en tiempos en los que el diálogo social ha pasado a formar parte de lo dudoso, de lo poco eficaz". Francisco Carbonero, líder de CCOO-A, pidió fomentar "un modelo empresarial capaz de conjugar el beneficio razonable con mayor responsabilidad social, primando el empleo y su calidad, y que los recursos se fijen al territorio".
