"Se abre una nueva era de la Política Agraria Común (PAC)". En mitad de pronunciamientos de este calado en boca de los distintos portavoces del pleno del Comité de las Regiones, el presidente de la Junta tomó ayer la palabra en Bruselas para defender el mantenimiento de las ayudas agrarias en su cuantía actual y la necesidad de "reforzar el protagonismo" de las regiones en el reparto de estas subvenciones directas a ganaderos y agricultores. José Antonio Griñán, que concluyó en Bruselas su gira de dos días en un año decisivo para la Unión Europea y cuando comienza a debatirse el futuro de las políticas de cohesión y de la PAC que comenzarán a aplicarse a partir de 2014, hizo una defensa cerrada de "la subsidiariedad regional para tener en cuenta las particularidades de cada territorio". "Todavía quedan muchas incógnitas por despejar", confesó el andaluz al término de su gira.
Griñán tomó la palabra después que otros presidentes autonómicos españoles, como el de Galicia, Murcia o La Rioja, y precedido además por otros portavoces del PSOE y del PP en el pleno europeo del Comité de las Regiones, que acoge a 344 miembros y se reúne cinco veces al año. En este caso, el invitado estrella fue el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolo, quien por vez primera ante este Comité expuso las líneas maestras de la reforma de la PAC y dialogó con las regiones, a las que ofreció "consenso". Es una reforma, crucial para el campo andaluz con 1.600 millones en juego, que deberá vigilar tres aspectos: la seguridad alimentaria, la buena gestión de los recursos naturales y el desarrollo rural. Ciolo fue receptivo a las propuestas de las regiones de ganar peso en el reparto de las subvenciones, pero dejó en el aire puntos como el precio de los productos o el control de terceros países.
Fueron muchas las demandas autonómicas. Griñán pidió "un presupuesto suficiente" y defendió que "la singularidad de los cultivos de Andalucía avalan" las nuevas líneas maestras marcadas por la UE para el reparto de las ayudas agrarias. Se refirió expresamente al olivar, al regadío y a la dehesa como sectores clave del futuro del campo andaluz. Además, como estaba previsto, hizo un alegato a favor de "actualizar y mejorar los mecanismos de regulación del mercado". "Recuerdo que el precio de intervención del aceite de oliva lleva más de diez años sin actualizar", señaló el presidente. El discurso andaluz defiende un mayor control de los precios para incidir favorablemente en la renta de los agricultores. Una política intervencionista que también reclaman los agricultores andaluces, sin duda polémica en el seno de una Unión Europea que lleva años exigiendo la libre regulación de los precios por el mercado y castigando prácticas que incidan en ese aspecto.
Otro de los puntos conflictivos es la reclamación de que el Gobierno andaluz pueda decidir el destino de una parte de los casi 1.600 millones anuales que los agricultores y ganaderos andaluces vienen recibiendo por la PAC. El Ejecutivo autonómico quiere tener voz al decidir criterios de reparto. Un asunto con un fuerte trasfondo político que no comparte en absoluto la patronal agraria Asaja, quien tachó el viaje de Griñán de "propaganda" y dijo que estaba vacío de propuestas. El Gobierno asegura que detrás de la posición beligerante de Asaja contra Griñán está esa apuesta por un papel más relevante del Gobierno andaluz en el reparto de las ayudas.
El Ejecutivo está convencido de que los agricultores prefieren que el Gobierno español tenga la última palabra al decidir sobre el destino de estas subvenciones agrarias. ¿Por qué? Tan sencillo como que será a partir de 2013 cuando se decida sobre esas ayudas y entonces no se sabe quién gobernará y ocupará La Moncloa. Si gana el PP será mucho más complicado que cambien los criterios de reparto a favor de los pequeños agricultores y en contra de los grandes propietarios.
Ayer, en traducción simultánea a 13 idiomas en el Comité de las Regiones, se oyeron reclamaciones contrapuestas que dejaron al descubierto por dónde va el debate. Se hizo hincapié en la necesidad de controlar las fronteras y el cupo de exportaciones con países terceros que, según defendieron las regiones europeas, no cumplen con las normas sanitarias y medioambientales. La equiparación de las ayudas, el fin de los derechos históricos, en definitiva la necesidad de "repartir mejor y de forma más equitativa las ayudas, con mayor respeto al medio ambiente", son propuestas que no gustan por igual al campo andaluz y que ayer tuvieron también eco en Bruselas. "Queda mucho camino por andar", admitió ayer Griñán. Lo primero será saber si hay o no presupuesto suficiente. Si faltan euros, la guerra será mucho más dura.
