El 40% de universitarios andaluces no tiene nota para estudiar con beca el próximo curso

Wert estudia rebajar los criterios académicos que dificultan lograr las ayudas por la presión de las regiones. La Junta se compromete con los rectores a adelantarle 100 millones de la deuda para pagar a los proveedores

el 19 jun 2013 / 12:51 h.

Griñán con los rectores andaluces. Griñán con los rectores andaluces. Cuatro de cada diez universitarios andaluces no podrá estudiar con beca el próximo curso como consecuencia del endurecimiento de los criterios para la obtención de ayudas impuestos por el Ministerio de Educación. El 40,5% de alumnos matriculados el año pasado en universidades de Andalucía (14.000) obtuvo notas comprendidas entre 5,5 y 6,5, por debajo del mínimo exigido por el Gobierno para lograr ayudas. La mayoría pertenecen a la rama de Humanidades y Ciencias Sociales. Las becas dependen del nivel de renta familiar y de criterios académicos. El decreto de becas, aprobado el verano pasado, mantuvo intacto el umbral de renta, pero incrementó los requisitos académicos: la nota mínima exigida pasó del 5 (hasta ahora bastaba con aprobar) al 5,5 en el presente curso, haciendo que un 10% de universitarios andaluces perdiera la beca (unos 6.000). El próximo curso la nota subirá del 5,5 al 6,5. Actualmente en Andalucía hay 62.000 estudiantes con becas generales, 83.000 si se suman las de movilidad y otras categorías. El impacto que esta medida tendrá entre los universitarios andaluces eclipsó, en parte, la firma del pacto por la universidad, el octavo acuerdo vinculado al Pacto por Andalucía, que ayer rubricaron los rectores de las 10 universidades y el presidente de la Junta. En su discurso, José Antonio Griñán pidió “frenar el disparate” de convertir las becas en un “premio o una dádiva a estudiantes con buenas calificaciones” sin tener en cuenta sus “dificultades familiares, personales y sociales”, porque así no se garantiza la “igualdad de oportunidades”, dijo. La crisis ha hecho aumentar el número de beneficiarios potenciales de becas. Mientras la economía de las familias no ha dejado de bajar en los últimos años, los requisitos para acceder a las becas han subido. Justo ayer Wert se reunió con las comunidades para revisar el decreto de becas en Bachillerato y la Universidad, y se “comprometió a estudiar la viabilidad de acomodar la exigencia académica que algunas comunidades creen excesiva”, informa Europa Press. En Bachillerato, la nota mínima este curso subió del 5 al 5,5 (10.000 andaluces perdieron la beca), y el próximo estaba previsto llegar al 6. Andalucía no es la única región que ayer le pidió al ministro que relajase los criterios académicos, pero hace dos días, en el Senado, Wert afirmó que el decreto ha tenido más impacto en Andalucía debido al “bajo rendimiento” de su alumnado. “Más del 50% del descenso en el número de becas se ha dado en Andalucía, que tiene el 20% de población estudiantil y el 30% de becas”, dijo. La pregunta sobre la impacto del decreto se la había hecho el senador socialista Francisco Álvarez de la Chica, exconsejero de Educación, y el ministro en su respuesta le repreguntó: "Tal vez tenga una explicación de por qué es en Andalucía donde ha tenido más impacto la exigencia de un rendimiento académico tan moderado como el que se ha introducido en este decreto". Esa respuesta indignó al Gobierno andaluz y ayer, durante la conferencia sectorial de Educación, la consejera del ramo, Mar Moreno, aprovechó para responder a Wert: "La respuesta es que los jóvenes andaluces tienen notas más bajas porque hace 40 años ministros como usted le quitaron la beca a sus padres y a sus abuelos". Moreno abundó en la idea de que "el menor nivel sociocultural no es un fracaso de Andalucía, lo fue de España", dijo, "y ahora las políticas de equidad y cohesión han venido corrigiéndolo". En la firma del pacto, Griñán también denunció ayer que el decreto de becas fomenta una perversión del sistema universitario: los estudiantes de familias con problemas económicos son excluidos si sacan un 6 (porque pierden la beca y sus padres no pueden permitirse costearles los estudios), mientras que alumnos con un 5 continuan la carrera porque la economía de sus padres se lo permite. “Se podría excluir a alumnos mejores e incluir a peores en el sistema, una aberración que aún podemos corregir”, dijo. Financiación // El pacto firmado con los rectores está limitado en cuanto a las posibilidades de la Junta para amortiguar el daño que hará el endurecimiento de las becas, pero abre el camino a la regulación de planes de compensación que ayuden económicamente a los universitarios con más dificultades. Para poner en marcha esos planes, la Junta debe saldar su deuda con las universidades, para que éstas paguen a los proveedores, garanticen la estabilidad de la plantilla de profesores asociados y, sobre todo, articulen medidas que alivien el coste de la matrícula a los alumnos (por ejemplo el fraccionamiento del pago de sus estudios). El acuerdo recoge la “transferencia urgente” de financiación a las universidades para solventar la deuda inminente con los proveedores, y posteriormente abrirá una hoja de ruta plurianual para garantizar la sostenibilidad financiera de las instituciones a largo plazo. Los rectores cifran la deuda más inmediata en 100 millones de euros y aseguran que la Junta se ha comprometido a abonar ese montante antes de octubre. En conjunto la deuda global asciende a 800 o 900 millones, según los rectores, cifra que la Junta rebaja a 700 millones (500 si se tiene en cuenta los dos meses de retardo entre la firma de la factura y el pago). La deuda viene de las órdenes de pago reconocidas por la Junta y no ejecutadas porque, de haberse pagado a tiempo, Andalucía habría incurrido en un incremento “insoportable” del déficit autonómico comprometido en la ley de estabilidad del Gobierno. Para saldar esta deuda, la Administración andaluza pretende apoyarse en préstamos del Banco Europeo de Inversiones y otro tipo de fondos europeos. El pacto también se compromete a luchar por la estabilidad de los profesores asociados, aunque los rectores advierten de que la “legislación básica está por encima de este pacto”. Junta y los rectores negocian fórmulas para fraccionar más el pago de matrículas La Junta redactará antes de julio el decreto de precios y tasas, en el cual, mantendrá el precio público de la matrícula (12,5 euros el precio único del crédito en todas las carreras) y buscará fórmulas para fraccionar más el pago de las mismas (ahora hay dos plazos). El decreto actual ya permite ampliar los plazos (Granada, Córdoba y Cádiz lo hacen) y cada institución busca fórmulas distintas (alargar los plazos, firmar convenios con bancos para asuman parte del pago a un interés bajo…) Pero los rectores admiten que “si se fraccionan mucho los ingresos por matriculación de alumnado podríamos entrar en problemas de tesorería más graves”.  

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