En octubre de 2009 el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, trasladó a un grupo de periodistas que había dado orden a la Consejería de la Presidencia de ejecutar una de las promesas más importantes de su investidura: una reforma profunda de la administración autonómica. Su proyecto se va a ejecutar en semanas casi exactamente como entonces tenía en su cabeza pero le ha costado tres años.
Según adelantó ayer la consejera Susana Díaz habrá seis delegaciones de la Junta por provincia en un organigrama de 13 consejerías. Serían 48 frente a las 97 delegaciones provinciales actuales. La mitad. Se destacará el papel del delegado del Gobierno de la Junta, que posiblemente será apoderado con rango de viceconsejero y asumirá el papel central de representación del Ejecutivo andaluz. Tendrá un mayor apoderamiento y capacidad de firma, lo que agilizará la gestión y evitará en muchos casos el trasiego de papeles desde las provincias a Sevilla. Habrá cinco delegados provinciales más que trabajarán por áreas, no exactamente por consejerías. Además se implementará la figura del coordinador, con un papel menos político. No será obligatorio que sean funcionarios los altos cargos que ostenten estas competencias, pero se intentará -aseguran fuentes del Gobierno- en la mayoría de los casos. Se busca eficacia y menos burocracia, además de eliminación de costes. En la actualidad un delegado, asimilado a la categoría de director general, cobra como mínimo 41.372 euros al año (con datos del Presupuesto en vigor). Y hay, según datos oficiales de la Junta a fecha de 2009, 42.056 trabajadores públicos en la estructura periférica de la administración andaluza.
No todos los delegados provinciales tendrán los mismos poderes. Se discriminará según las necesidades. Puede que un delegado de Educación sí necesite tener capacidad de firma y autorización de determinados proyectos (tiene competencias para, por ejemplo, organizar el mapa escolar), pero no lo tendrán otros altos cargos provinciales. Griñán llegó a la Presidencia convencido de que era innecesario que, por ejemplo, Hacienda contara con una delegación en cada provincia, cuando además estaba la oficina provincial de la Agencia Tributaria. O en el caso de Salud, cuando existe el SAS.
Las competencias se agruparán por áreas hasta no más de cinco delegaciones además del delegado del Gobierno. El decreto que se aprobará sigue estas mismas directrices. Los socios de Gobierno, Izquierda Unida, tendrán un delegado en cada provincia ostentando las competencias de las consejerías de Fomento y Turismo. Asimismo, según aclararon desde el Gobierno andaluz, el vicepresidente, Diego Valderas, podrá nombrar también un coordinador por provincia con una "pequeña infraestructura".
La reforma que la flamante consejera de la Presidencia, Susana Díaz, está pergeñando verá la luz en próximas semanas. Será el gran proyecto político de Griñán. Casi su estreno en una legislatura en la que la crisis obliga a reducir estructuras y altos cargos. Pero detrás de la reforma en marcha hay algo más que austeridad. Es una revolución política para el Partido Socialista, acostumbrado a contar con esas delegaciones provinciales de la Junta como cotos privados de los dirigentes locales del partido.
La reforma de la administración será el primer golpe de autoridad del líder socialista tras haber salvado las elecciones del 25 de marzo. De momento ya se ha saltado la norma no escrita desde tiempos de su antecesor Manuel Chaves de formar un Gobierno que respetara las cuotas territoriales y tuviera consejeros de todas las provincias. Su proyecto para la administración se ha llevado meses en un cajón y públicamente se asumió el discurso de que primero era necesario desarrollar las leyes municipales, que abren la descentralización de competencias autonómicas hacia los municipios. La reforma está impregnada de la apuesta por el "mérito" y la "capacidad" con la que debutó Griñán en 2009. El pacto con IU y la necesidad de reducir de forma urgente 2.700 millones del Presupuesto han convertido en realidad esta apuesta política. Es una reforma controvertida. Por ejemplo la anterior consejera de la Presidencia, Mar Moreno, no creía en la necesidad de reducir la representación política del Gobierno andaluz. El líder socialista tendrá que sortear el malestar de sus dirigentes. Ayer uno de sus críticos, el líder del PSOE en Cádiz, Francisco González Cabaña, mostró respeto por sus decisiones aunque no ocultó que le gustaría que le siguieran consultando en la elección de los delegados. Es "una tradición", dijo, aunque "no será un drama si finalmente no ocurre así". Para algunos líderes del PSOE perder poder será duro pero Griñán está dispuesto a ejercer su liderazgo.
Guiño a la empresa: “Habrá reglas y un marco estable”
La primera cita en la agenda del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, fue ayer para los empresarios. Quiso así marcar su prioridad. Se reunió con grandes empresas andaluzas y con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero, quienes expresaron su preocupación por la situación actual, “especialmente por los problemas de financiación”, según indicó el propio Griñán, quien expresó el compromiso del nuevo Gobierno de la Junta para “crear un marco estable y con reglas para la creación de empresas y de empleo”.
Griñán ha participado en la primera de las reuniones que la CEA mantendrá con empresarios para establecer sus propuestas para afrontar la crisis económica. El presidente de la Junta, quien precisó que la reunión “estaba convocada desde hace tiempo”, expresó “el convencimiento de la Junta de que el empleo se crea en la empresa y de que es necesario crear un marco económico para la creación de empresas y la creación de empleo; un marco que debe ser previsible, estable y de diálogo”.
Griñán se comprometió a “mantener el nivel de conversaciones a través de la Concertación Social y a través de la Consejería de Economía”. Explicó que en el encuentro se ha hablado de “los problemas que existen ahora mismo desde la perspectiva financiera o los problemas en I+D o energías renovables” e indicó que en estos encuentros y los que tengan lugar sectorialmente cada consejero “esperamos poder encontrar caminos para resolver los problemas, dentro de las dificultades, que tenemos ahora mismo sobre todo en la financiación”.
Griñán garantizó una voz única en el Gobierno pese al pacto con IU y señaló que habrá un “impulso del sector de la construcción”. “No soy partidario en absoluto de la desregulacion, sino de establecer reglas estables, que se conozcan y sean previsibles”, aseveró. A esta reunión acudieron 23 empresarios de diversos sectores y el presidente de la CEA.
