La Junta de Andalucía va a interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado por el Gobierno central en abril al entender que lo "desmonta" al dificultar el acceso "efectivo" de los ciudadanos a los servicios sanitarios. Será la segunda comunidad, tras el País Vasco, que acuda al Alto Tribunal. Cataluña también irá.
Así lo anunció ayer tras el acto de inauguración de un consultorio en Los Gallardos (Almería) el presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, quien indicó que la norma aprobada el 20 de abril "vulnera" la Constitución al "no garantizar" el derecho a la protección de la salud reconocido en la Carta Magna y se lo "hurta" a los inmigrantes y a los colectivos "mas desfavorecidos".
Griñán argumentó que el recurso, cuya interposición se aprueba hoy en Consejo de Gobierno, se fundamenta, asimismo, en que el Real Decreto "invade" competencias autonómicas en alguno de sus articulados ya que el Estatuto andaluz recoge el derecho al acceso directo a los servicios sanitarios de toda la población sin distinción y "residan donde residan". Ése es el punto más polémico de las reformas auspiciadas por el Gobierno central para ahorrar 10.000 millones de euros en la sanidad y la educación públicas. La normativa estatal limita a las urgencias la atención sanitaria para los extranjeros. El Gobierno andaluz ha dejado claro que no ocurrirá así en la comunidad y la consejera de Salud, María Jesús Montero, ha dejado claro que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) seguirá atendiendo a los inmigrantes sin restricciones. Lo que aún no está claro es la forma en la que se seguirá dando esta atención sin vulnerar la legislación estatal.
Griñán reclamó que la decisión del recurso no se interprete "como un elemento de confrotación" con el Gobierno que preside Mariano Rajoy sino como un paso más de la Junta en la "defensa de un modelo" y en su intención de, "en la medida de nuestras posibilidades", se garantice un sistema de salud "eficiente, que aporte riqueza y bienestar social". La defensa de la sanidad y la educación públicas fueron las banderas del PSOE en la campaña electoral y después el principal argumento del pacto de coalición con IU.
Griñán insistió en la necesidad de celebrar una conferencia de presidentes autonómicos "capaz" de establecer "donde se ha de priorizar el gasto público y donde se debe ahorrar" al tiempo que consideró que Andalucía "puede ser ejemplo en el tema sanitario" para otras regiones a la hora de aplicar políticas sanitarias "sin deteriorar y perjudicar el sistema de protección de salud". Una de las medidas de ahorro del Ejecutivo autonómico, la subasta de fármacos, que implicaba reducir el margen de ganancias de los laboratarios en la dispensación de genéricos, fue recurrida por el Gobierno central y está suspendida.
El presidente de la Junta consideró que una política "indiscriminada" de control y de reducción del gasto público "no da resultados" y defendió la inversión en atención primaria como "una política de ahorro de gasto y de mejora de la eficiencia en gasto sanitario". Andalucía, defendió Griñán, es la que más destina en este ámbito con un 18% frente al 13% de Madrid o Valencia y es la que tiene menor nivel de ingresos hospitalarios con un 18%. "Una tasa similar a la de Canada, uno de los países con mejores resultados en eficiencia sanitaria", agregó.
La Junta ya ha anunciado que no cobrará a los pensionistas por adelantado los medicamentos, más allá de los 8 a 18 euros impuestos según la renta.
