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Griñán no conoció las irregularidades en las ayudas a prejubilaciones

Aguayo asume toda la responsabilidad de los informes de la Intervención

el 11 mar 2011 / 20:45 h.

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Aguayo posa con los múltiples informes.

"El presidente ni supo ni tapó las irregularidades" en los expedientes de las ayudas de Empleo. Fue el mensaje que trasladó ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que asumió toda la responsabilidad sobre los informes de la Intervención General de Hacienda que advertían de discrepancias en el procedimiento de concesión de las ayudas a empresas en crisis, ahora bajo investigación judicial. El PP lleva semanas pidiendo la dimisión del presidente andaluz, José Antonio Griñán, asegurando que como consejero de Economía conoció las irregularidades. La Junta ha anunciado acciones legales si siguen las acusaciones y ayer Martínez Aguayo quiso actuar de cortafuego hacia su jefe.

"En ningún momento el presidente de la Junta conoció ninguno de los procedimientos, no los tuvo que conocer porque en ningún caso se detectaron actuaciones que pudieran menoscabar fondos públicos", explicó Martínez Aguayo, que era viceconsejera de Economía cuando el titular era Griñán. Según declaró, los informes se remitían "de oficio" a la viceconsejería.Fue ella la que lo recibió. "Se reciben ciento y pico de informes al año y no se leen al detalle", aseguró a los medios. "Solo se les presta atención si la Intervención llama a hacerlo", explicó. Es decir si se detecta quebranto de las arcas públicas los funcionarios al frente de la contabilidad deben proceder de manera especial y emitir un "informe de actuación", que en este caso nunca se produjo.

Los informes de la Intervención iban remitidos al consejero de Economía y al consejero de Empleo, así lo dicta la norma (publicada en BOJA en 1999) que regula la emisión de informes de la Intervención. Lo que Martínez Aguayo defendió fue que esos papeles nunca llegaron a manos del consejero porque no alertaban de ninguna irregularidad. Se quedaron en su filtro, dijo, y ni siquiera ella como viceconsejera se los leyó al detalle. Para atestiguar la normalidad con la que esos informes circulan por la consejería, se fotografió junto a decenas de carpetas archivadoras con documentos de este tipo. "No los comenté en ningún momento con él", dijo en referencia a Griñán, "nunca fue tema de conversación".

La justicia investiga presuntas irregularidades en prejubilaciones y ayudas directas a empresas pagadas con fondos públicos por la Junta. En concreto, se investiga el periodo desde 2001 a 2010 y un fondo que asciende a 647 millones de euros. La Junta decidió en 2001 sacar estas subvenciones del circuito oficial para "aportar agilidad" al procedimiento. Dejó de pagarlas la Consejería de Empleo y se articularon a través de la empresa pública Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Bajo ese procedimiento, se han producido las supuestas irregularidades que investiga la justicia y que ha detectado la propia Junta, que ha señalado 146 anomalías en los ERE, entre ellas 59 intrusos. Nueve eran militantes socialistas.

Contra ese procedimiento, la Intervención General de Hacienda -el órgano superior de control interno de la contabilidad de la Junta- emitió hasta tres informes, en 2005, 2006 y 2007. Según ha podido comprobar este periódico, ninguno de los informes apuntaba ningún tipo de fraude o irregularidad contable. No se detectan los chanchullos que ahora han saltado a la luz ni los falsos prejubilados. La Intervención pone el acento en que considera incorrecta el procedimiento elegido para pagar esas ayudas.En concreto una transferencia corriente de explotación al IFA, en lugar de una subvención extraordinaria, el soporte legal que defiende la inspección y que se desechó en su momento por un exceso de garantías y cautelas administrativas que demoraban en exceso que el dinero llegara a los trabajadores.

La Intervención, tras revisar aleatoriamente en 2005 un total de 20 de 144 expedientes, concluye que "la citada Dirección General [de Trabajo] ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procimiento administrativo establecido". Apunta a "deficiencias" en los expedientes y a "dudas razonables" sobre si se está desarrollando el procedimiento correcto. Además alerta de un desfase de 38,3 millones de euros. Empleo, bajo la firma del viceconsejero Agustín Barberá, responde al informe con contudentes y amplias alegaciones. Este cruce de informes de la Intervención se repite en los dos años siguientes.

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