Todo según el guion. Los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento andaluz no lograron que ni Manuel Chaves ni José Antonio Griñán se salieran de un discurso que llevaban bien preparado. Ambos, arropados por la plana mayor del PSOE-A y del Parlamento a su entrada en la primera comisión de investigación en la Cámara después de 17 años, decidieron sentarse ante los diputados solos y torearon con experiencia y un lenguaje muy legalista todas las dudas que se ciernen sobre las ayudas de Empleo concedidas por la Junta de Andalucía durante una década. En sus planteamientos coincidieron en que el procedimiento de concesión de las ayudas era legal y en que en ningún caso la Intervención General de la Junta, el máximo órgano auditor de las cuentas públicas dentro del Gobierno, avisó de que hubiera menoscabo o fraude de los fondos públicos. Aunque el exinterventor general declaró en esta misma comisión que hubo hasta 15 avisos que obligaban a actuar y cambiar el procedimiento, Chaves y Griñán aseguraron que no eran competentes para ello y que, en todo caso, correspondía al entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, que ha pasado cuatro meses en prisión preventiva por esta presunta trama.
Griñán consiguió llevarse el debate a su terreno y minimizó el supuesto fraude que investiga la jueza Mercedes Alaya y que ha puesto en duda un fondo de Empleo de más de 1.200 millones de euros. La Junta lo circunscribe a 17 millones. Logró que la mayor parte de su comparecencia se dirimiera en si el procedimiento fue o no legal, en si eran ayudas sociolaborales o subvenciones o en la legalidad de las ampliaciones presupuestarias que él firmó para tapar los agujeros que originaban unos fondos que se repartían por encima de los presupuestado. Valga un ejemplo: ni PP ni IU le preguntaron a Griñán por el papel de José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso y bajo cuyo mandato se repartieron una lluvia de millones en la Sierra Norte de Sevilla. El 70% del fondo de Empleo se gastó en esta zona: 50 millones, mientras 30 fueron al resto de Andalucía. Tampoco fue interpelado Griñán por la actuación de Fernández, que fue consejero del Gobierno que preside durante un año.La comparecencia de Griñán ha sido, quizás, de las más técnicas que ha pasado por la comisión, más incluso que la del interventor o los directores generales de IDEA.
Este calculado tecnicismo quedó en parte aliviado gracias al juego de metáforas entre el testigo y los interrogadores. Abrió el fuego el exinterventor de la Junta en agosto, cuando aludió a un supuesto incendio para asegurar que no comprendía que el Gobierno andaluz no hubiera actuado para frenar las ayudas de Empleo. Este cuerpo advirtió de que este dinero -647 millones de euros presupuestos y casi 1.200 según los datos que maneja la Cámara de Cuentas- ni se repartían conforme al procedimiento adecuado ni bajo un sistema reglado. El exinterventor puso el ejemplo de un vecino al que alertan de que por el extractor de su cocina salen llamas. Y la cuestión es ¿quién debió llamar a los bomberos? Según el exinterventor, el Gobierno. Según Chaves, el propio interventor debió actuar de bombero y dar un paso más en el caso de haber detectado irregularidades, redactando un informe de actuación que activara el código rojo. "Un bombero puede avisar pero no avisa", dijo el expresidente. Griñán también usó el simil. "La Intervención sólo avisó de que la escalera de incendios era demasiado corta. No alertó del fuego, porque si lo hubiera conocido, lo habría apagado", dijo.
Envueltos en las metáforas, el PP le acusó de usar la "teoría de los departamentos estancos", justificando que un área de Gobierno no supiera lo que hacía la otra durante una década. Griñán insistió en que ni como consejero de Hacienda ni como presidente era su responsabilidad leer el informe de Intervención ni pedir responsabilidad a Empleo por el desfase presupuestario. "La Consejería de Hacienda no tiene superioridad jerárquica sobre otras consejerías. Yo no puedo meterme en el coche del vecino sólo porque el piloto del líquido de frenos se encienda", sostuvo. La diputada de IU, Alba Doblas, le respondió que "el procedimiento de ayudas era tal birria", que no hacía falta entrar en el coche "porque el líquido de frenos chorreaba por fuera". El presidente andaluz repitió, una y otra vez, subrayando cada palabra que el interventor "nunca, nunca, nunca detectó un fraude en las ayudas ni menoscabo de los fondos públicos". Griñán defendió la "legalidad y legitimidad" del procedimiento en la concesión de ayudas, "que no tiene su origen en el convenio marco del IFA (2001), sino en un pacto social que iniciaban empresarios y sindicatos, no la Junta". Su principal argumento, en el que se enredó ayer el PP, es que no eran subvenciones sino ayudas sociolaborales que se daban individualmente, y por tanto no debían cumplir la ley de subvenciones que obliga, por ejemplo, a la transparencia. Nunca se publicaron en el BOJA.Griñán no estuvo acorralado ayer en ningún momento, no estuvo a la defensiva. Todo lo contrario. "He venido aquí", dijo a los diputados del PP, "para que me miren a los ojos y me digan que yo ordené destruir documentos públicos". El presidente acusó a los populares de haber instrumentado un juicio paralelo con "mentiras y medias verdades". "Nunca antes se ha acusado a un presidente por lo que ha hecho un director general", dijo."El procedimiento era sucinto, escueto, con un amplio margen de discrecionalidad, sí, pero legal".
Esa fue quizás una de las claves de la intervención de Manuel Chaves, que sí defendió al exconsejero Fernández. No obstante, admitió que las recomendaciones realizadas por la Intervención debieron de ser atendidas por la Consejería. "El señor Fernández hasta que no se demuestre lo contrario es presuntamente inocente", dejó sentado.
"Hablar de programa opaco o de fondo de reptiles no es solo una desmesura, sino una falsedad y una descalificación intolerable que solo puede proceder de a mente perversa", sostuvo el expresidente, quien aseveró que el Consejo de Gobierno "en ningún momento conoció o avaló medida alguna irregular o acto ilegal". Nunca leyó los informes de la Intervención. "El informe tenía lógicamente sus destinatarios", dijo. "Siento el mismo dolor que una gran mayoría de ciudadanos andaluces", repitió Chaves. "Ahora que puedo decir que mi tiempo político ha pasado, puedo señalar que he cometido errores pero siempre he actuado conforme a la ley", concluyó el expresidente.
Las conclusiones, en un mes. La comisión de investigación del fraude de los ERE culminó ayer la ronda de comparecencias, la parte más visible y compleja, en la que han participado 32 personas, diez de ellas imputadas en el proceso judicial de las ayudas irregulares. Ahora empieza la fase interna en la que cada grupo parlamentario hará un diagnóstico de lo sucedido a partir de las respuestas de los comparecientes, y por último intentarán consensuar sus conclusiones en un dictamen conjunto que se abordará en el pleno del Parlamento a finales de octubre. Sin embargo, antes de elaborar sus respectivos dictámenes, los grupos parlamentarios deberán esperar al informe de la Cámara de Cuentas. El órgano fiscalizador remitirá a los tres partidos el expediente completo del informe, no sólo el texto definitivo, lo cual incluye las controvertidas modificaciones que la Camara ha introducido desde el borrador provisional, que se filtró a la prensa antes del verano, y el definitivo, que está en fase de alegaciones.
La otra tarea que tendrán que asumir los grupos es ponerse de acuerdo en qué significa “depurar responsabilidades políticas”. El objeto de la comisión es justo ése, pero a lo largo de la investigación, cada grupo y cada compareciente ) incluido ayer Chaves y Griñán) han mostrado una visión distinta de lo que entienden por responsabilidad política. “Antes de llegar a ninguna conclusión, habrá que consensuar qué significa depurar responsabilidades políticas”, reconoció el presidente de la comisión, Ignacio García (IU).
García valoró positivamente el trabajo que ha hecho la comisión de los ERE, la primera que ha visto el Parlamento en 17 años, y que ha culminado con la comparecencia de dos presidentes autonómicos. El presidente de la comisión cree que la investigación ha servido para esclarecer los hechos, aunque reconoció que algunos testigos, sobre todo los que están imputados, podrían haber dicho más, pero estaban en su derecho de callar. García denunció que, en ocasiones, el PP ha hecho una lectura sesgada de la documentación que se ha utilizado en la comisión.
