Por Isabel Morillo / Mónica Ureta 
José Antonio Griñán, hoy en el Parlamento andaluz. / E. P.
Dos horas y media de debate en el Parlamento andaluz sobre el caso ERE.El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, reproduce unas palabras de Mariano Rajoy, durante la Junta Directiva Nacional defendiendo la presunción de inocencia. Se dirige airado al presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, y le pregunta, apelando a su condición de juez, cómo había podido decirle que era el banquero de los ERE sin aportar ninguna prueba. Griñán estaba dolido. Así concluyó, animando al PP a que si tiene pruebas, lo denuncie. Si no, cállese. Previamente le recriminó su tono faltón, abusivo y hasta miserable. Ya, el PP y Zoido, que había sacado toda su artillería pesada contra el presidente, no tenían derecho a réplica.
El epílogo da idea de cómo transcurrió el que ha sido, hasta hoy, el pleno más tenso de la legislatura. Hasta en la tribuna de invitados, asesores y militantes de uno y otro parti do traspasaron la habitual barrera de la cortesía. Pese al interés suscitado por la intervención de Griñán, que solicitó de forma urgente la pasada Semana Santa tras reactivarse la instrucción judicial de los ERE con el regreso de la jueza Mercedes Alaya y la operación Heracles de la Guardia Civil, no hubo grandes novedades en el guión del Gobierno. El caso investiga el supuesto desvío de fondos públicos de la Consejería de Empleo durante una década (2001-2010). Una bolsa de dinero público de 647 millones de euros que con el tiempo y los desvíos presupuestarios creció hasta los 1.217 millones, de los que, según la investigación, pudieron defraudarse hasta 140 millones. La inclusión de falsos prejubilados, intrusos, en los ERE financiados con fondos públicos, las ayudas irregulares a empresas en crisis y el pago de sobrecomisiones, que supuestamente se repartían entre altos cargos, sindicalistas y las compañías de seguros, forman los vértices del presunto fraude.
Griñán reprodujo la que fue su intervención el pasado septiembre en la comisión de investigación de los ERE celebrada en el Parlamento e hizo una defensa cerrada de su Gobierno. Tampoco hubo nada nuevo en el argumentario de la oposición. El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, que se enredó en Mercasevilla y volvió a ejercer más como alcalde de Sevilla que como líder regional, no dudó en dirigirse a Griñán como el responsable de la trama y repasó doce razones por las que, a su juicio, el socialista debe asumir responsabilidades. Sobre todo, insistió Zoido, porque durante cinco de los años investigados fue consejero de Economía y Hacienda y cebó el fondo bajo sospecha.
Lo llamativo del debate vino de la mano del PSOE y de IU. Los socialistas, que saben bien lo que es estar acorralados por este caso, pasaron a la ofensiva. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, subió al atril en lugar del portavoz y marcó un punto de inflexión.Frente al tono sobrio de Griñán, en defensa de la verdad y utilizando el discurso de que ninguna corrupción puede tapar a otra corrupción, Jiménez atacó. Insinuó una conexión entre el PP y la instrucción de Mercedes Alaya. La pregunta fue reiterada y retórica: ¿Tiene alguien del PP la parte bajo secreto del sumario?. Jiménez verbalizó en el Parlamento una acusación que llevan meses medio lanzando los socialistas y repasó las demasiadas casualidades o coincidencias que, a su juicio, se han producido entre la instrucción y diferentes momentos electorales o políticos. Alaya imputó al candidato de IU en plena campaña de las municipales por Mercasevilla, mandó al exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, a prisión en el arranque de la campaña de las autonómicas y encerró al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, mientras PSOE e IU negociaban el Gobierno. Estos fueron los momentos que repasó el socialista, que se preguntó si el PP se adelantaba a los autos por ciencia infusa. El número dos del PSOE-A, en su registro más duro y polémico, plagado de coloquialismos, aseguró que el PP maneja la instrucción para apartar a Bárcenas de la actualidad, recurriendo al caso de presunta financiación irregular del PP. IU cerró filas con su socios y dejó muy claro que no peligra el pacto de Gobierno.
