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Griñán pide rebajar la bronca en los ERE y que actúe la Justicia

El PP apunta a dos cargos socialistas entre los infiltrados en Morón. Socialistas y populares se responsabilizan mutuamente de las prejubilaciones de Riotinto.

el 23 feb 2011 / 20:08 h.

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El presidente Griñán inauguró ayer un centro de día para mayores en Órgiva (Granada).
Y tú más. En eso se puede resumir el cruce de acusaciones que ayer repitieron PSOE y PP en torno a la trama en los ERE, centrándose los socialistas en el de Minas de Riotinto y los populares en el de la base de Morón, ambos bajo sospecha por irregularidades aunque de momento no hay constatación oficial de falsos prejubilados que nunca trabajaron allí.

El PSOE, la Junta y también el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, insistieron en que fue el Ejecutivo central, entonces del PP, quien validó el expediente de Minas de Riotinto, en el que supuestamente se falseó la vida laboral de los trabajadores para que casi todos se beneficiaran del estatuto del minero, exclusivo para quienes operaron bajo tierra. El PP insistió en que el Gobierno central solo ratificó lo que Junta y sindicatos negociaron.

Tanto el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, como el consejero de Justicia, Luis Pizarro, apuntaron directamente a los exministros de Trabajo y Administraciones Públicas, Eduardo Zaplana y Javier Arenas, y al entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, como negociadores, firmantes y controladores del listado de beneficiados. "El PP tiene que dar cuenta y personalmente Zoido", dijo Jiménez, mientras el aludido aseguró haber cumplido "escrupulosamente" con la normativa y la obligación que le correspondía.

Más comedido estuvo el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien aunque también aludió a que "en la determinación de las personas intervino directamente la administración del Estado", afirmó que "probablemente no haya irregularidades, y que se hayan dado ayudas a quienes lo necesitan, pero hay que dejar trabajar a la justicia". Desde el Gobierno central, Chaves aseguró que si hubo irregularidades en este ERE, el PP entonces en el Gobierno debía "conocerlas" e ironizó con que Arenas tendrá que "autoquerellarse", ante su anunció de llevar a los tribunales a todos los implicados en la trama. Arenas dijo sentir "vergüenza ajena" por que Chaves pretenda involucrar al PP.

Pero además de defender su actuación en el ERE de Riotinto, el PP contraatacó con nuevas denuncias sobre el ERE aprobado en 2010 de la base de Morón, -sin fondos públicos- donde de hecho fueron retirados 31 nombres a raíz de una denuncia del sindicato USO. Ayer, la portavoz popular, Esperanza Oña, llamó la atención sobre la mediación ejercida en este ERE por el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, y denunció que en la lista final de prejubilados aparecen su teniente de alcalde, Francisco García -en excedencia por su cargo pero que un mes antes del ERE volvió a darse de alta en la empresa- y el presidente del PSOE local, Bernabé Gámez, además de sus respectivos hermanos pese a que el hermano de García ya se había prejubilado antes. Denunció que García, Gámez y su hermano estaban en un listado que "se ocultó" en la documentación inicial del ERE y en el final vuelven a aparecer y que la Inspección alertó a la Junta de que en el ERE había "indicio racional de fraude".

El PP pide al Parlamento investigar las ayudas a empresas

El asunto de los ERE volverá a centrar el próximo Pleno del Parlamento, los días 2 y 3 de marzo. Después de que en la última sesión la mayoría socialista rechazara la petición de investigación sobre el ERE de Mercasevilla, solicitada por PP y apoyada por IU, los populares volverá a pedir una comisión de investigación no ya sobre un caso concreto sino ante la "presunta existencia de ayudas públicas a empresas en crisis, gestionadas al margen de lo dispuesto en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta".

No será el único punto sobre esta trama. El PP también interpelará al Gobierno sobre la "política general en materia de expedientes de regulación de empleo" y realizará hasta cuatro preguntas orales sobre las órdenes de regulación de los fondos ERE, las prejubilaciones, el expediente concreto de la base de Morón y la validez de los informes de la Intervención, tras destaparse que entre 2005 y 2007 este organismo de Hacienda ya alertó de que el sistema de ayudas para financiar expedientes con prejubilaciones de empresas en crisis no era el mejor. El PSOE contrarrestará con una Proposición no de Ley para apoyar las políticas de ayudas a empresas en crisis frente a la "causa general" que busca el PP.

Desde IU, el coordinador regional Diego Valderas dejó claro que si apoyó la petición de una comisión de investigación sobre irregularidades que afectan al PSOE también lo harían si tuvieran que "pedir otra comisión sobre los ERE que impliquen las actividades del PP cuando gobernó" en caso de que las "acusaciones" del PSOE sobre el expediente de Riotinto estén "fundamentadas y razonadas". Precisamente, sobre este caso, UGT apoyó la tesis socialista y alegó que quien validó el listado de prejubilados es el Gobierno central y no los sindicatos.

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