El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, reclamó ayer al Gobierno de la nación que no retire de forma "drástica" las ayudas directas a la VPO y reclamó un periodo transitorio para aplicar este recorte.
Griñán empleó un tono mucho más tibio que el de la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, quien el pasado martes durante la Conferencia Sectorial planteó directamente a la ministra del ramo, Beatriz Corredor, su frontal rechazo a la retirada de ayudas a la vivienda protegida. Aguilar aseguró que desde la Junta se plantearán alternativas. La propuesta pasa porque no se retiren todas las ayudas sino que se modulen y ajusten en función de la renta.
El Ministerio de Vivienda ha anunciado a las comunidades que el próximo año suprimirá todas las ayudas directas a la compra de VPO. Hasta ahora una familia con ingresos inferiores a 2,5 veces el Iprem podía beneficiarse de una ayuda de entre 8.000 y 12.000 euros para la compra de una vivienda protegida. A cambio, el Ministerio permitirá que el banco financie hasta el 90% (ahora el límite estaba en el 80%) del precio de la vivienda. Una alternativa complicada cuando la banca tiene restringido el crédito. También se suprimen las ayudas a los promotores, que recibían hasta 2.000 euros por VPO construida. Igualmente las comunidades dejarán de disfrutar de la llamada reserva de eficacia, un fondo que financiaba a las comunidades que sobrepasaran sus objetivos en construcción de VPO. Las ventanillas únicas para dar información, gestionadas por las comunidades pero financiadas por el Ministerio, también se cerrarán.
La supresión de estas ayudas pone en jaque el ambicioso Plan de Vivienda 2008-2012 aprobado por el Gobierno andaluz y con una previsión presupuestaria de 11.000 millones de euros de fondos públicos. La Junta además fue pionera en aprobar una ley que garantiza el derecho a una vivienda. Sin sostén económico del Gobierno central todos estos planes -ya retrasado por el bloqueo del crédito de bancos y cajas- tendrán que ser revisados.
"Nos oponemos a que sea una decisión drástica [...] y que se haga de la noche a la mañana. De repente hemos pasado de promocionar la compra de vivienda a centrar los objetivos en el alquiler", señaló Griñán. Con todo, el presidente se empeñó en negar que haya "un recorte" y defendió que "ha decaído" el presupuesto para poder adquirir una VPO.
Desde el Gobierno central, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, indicó que no percibe "ningún enfrentamiento" entre su Ejecutivo y el andaluz, sino que hay "diferencias puntuales" sobre decisiones adoptadas por el Gobierno de España. Tras recordar que las decisiones están adoptadas como consecuencia de la crisis económica, Chaves precisó que las diferencias "puntuales" con el Gobierno de la Nación también se produjeron durante su etapa como presidente de la Junta, por lo que ha dicho entiende que se produzcan estas diferencias.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, coincidió en que no hay "brecha ni distanciamiento" entre ambos Gobiernos pero defendió que la Junta va a seguir defendiendo "como siempre, los intereses de Andalucía".
