Tras la debacle socialista del 22-M, Griñán ha decidido ocupar el espacio que le han señalado los "indignados" en la calle, entre el poder de los mercados y las obligaciones del Gobierno. Pero como el discurso social del que hasta ahora había hecho bandera la Junta ya no basta para recuperar a los más enfurecidos con la política, el Gobierno revisará "los criterios para obtener bonificaciones y subvenciones públicas", teniendo en cuenta el patrimonio.
El objetivo es que una misma familia no acumule "13.000 euros" anuales en ayudas de educación, sanidad o vivienda -según puso de ejemplo- y otras no reciban nada.
Griñán reconoció durante su discurso que "estamos mejor que hace un año pero peor de lo que nos gustaría e incluso peor de lo que esperábamos", y atacó duramente tanto la respuesta a la crisis de la UE por "no frenar los movimientos especulativos" del mercado "sino usarlos como coartada para impugnar nuestro modelo social" -aquí arrancó los primeros aplausos de la bancada socialista- como el empeño del Banco Central Europeo y del Banco de España por cuestionar el gasto autonómico pero no por "restablecer el crédito" para las empresas. A éstas se dirige el fondo de 250 millones para pymes o la ampliación a 600 euros de la deducción en el IRPF de los autónomos. No obstante, también hubo un guiño a la banca. El impuesto sobre los depósitos creado hace un año tendrá deducciones para las entidades que apoyen a empresas del sector del aceite o tecnológico.
El presidente también reconoció "discrepancias" con el Ejecutivo central por exigir a todas las comunidades el mismo control del déficit independientemente de su deuda. Zapatero anunció el martes, en el Debate sobre el Estado de la Nación, un techo de gasto para las regiones y Griñán propuso que el Parlamento andaluz fije anualmente su propio límite por consenso.
Ratificó su compromiso con la estabilidad, pero dejó claro que seguirá reivindicando al Gobierno un trato diferenciado y pidió "colaboración" a los grupos.
Griñán desgranó medidas sociales ya avanzadas por la Junta antes del debate, como las 3.000 becas de 400 euros para que jóvenes con cargas familiares retomen los estudios. Y junto a propuestas nuevas, otras prorrogadas como la exención de la fianza para concurrir a concursos de licitaciones públicas -por cierto, que anunció dos para tramos de las autovías del Mediterráneo y del Olivar por 450 millones- o el programa de mejora de la financiación para la compra de vivienda libre. Reconoció que los objetivos en esta materia se han visto truncados y habrá nuevos acuerdos con la banca para que fluya el crédito, pero con la obra nueva estancada, solo queda la rehabilitación. Las reformas en casa para quitar barreras o implantar energías renovables desgravarán un 5% del IRPF, a imagen de la deducción estatal.
Con el mensaje de fondo de que el origen de la crisis es global y el margen de maniobra de las comunidades limitado, Griñán repasó los recortes y reformas hechos y alabó que la economía andaluza lleva dos trimestres creciendo y ha empezado a crear empleo frente a otros territorios.
No rehuyó polémicas como la sentencia del Constitucional contra la gestión exclusiva del Guadalquivir que "ha cambiado la hoja de ruta del agua que nos marcamos con el Estatuto" o el enfrentamiento con los funcionarios por la reordenación del sector público, que no obstante defendió. Para reconducir "un año difícil en la relación entre el Gobierno y los empleados públicos" anunció una norma que asegure que ciertos cargos públicos -como las secretarías técnicas y determinadas direcciones generales- los ocupen funcionarios.
Tampoco se olvidó de los ayuntamientos. En julio se constituirá el Consejo de Gobierno Local. Pero sobre todo miró a los indignados y su clamor de más participación y menos privilegios de la clase política. Propuso medidas para "prestigiarla" que parecían contradecir su discurso de días atrás contra ataques populistas para demonizar la política.
Además del ya anunciado "escaño 110" para que los ciudadanos puedan defender en la Cámara iniciativas legislativas populares, que necesitarán además menos firmas como propuso el PP, Griñán quiere reformar la ley de 2005 que da a los expresidentes derecho a una pensión vitalicia y el régimen de incompatibilidades de los diputados para que no tengan otro sueldo público o privado. Ahora ningún expresidente cobra esta pensión y aunque el PP pide que tenga efectos retroactivos, la Junta estudia su encaje legal. Al limitar el sueldo de los diputados se busca evitar situaciones como la de María Dolores de Cospedal, que cobra como secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha. Los diputados cobran unos 3.000 euros al mes más pluses y muchos lo compatibilizan con trabajos docentes, literarios y puestos en sus partidos. En un último golpe de efecto para defender la "transparencia" que molestó especialmente al PP, Griñán entregó a la Cámara su declaración de la renta con sus ingresos y los de su familia de los últimos 3 años.
-->-->-->-->-->
