La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, junto al portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez.
Las clases medias trabajadoras están siendo maltratadas. Se quejan de que realizan un esfuerzo fiscal mayor y sin embargo se benefician menos de las prestaciones públicas, y no están alejados de la realidad. Estas palabras las pronunció el presidente José Antonio Griñán en septiembre de 2011 (dos meses antes de las elecciones generales), ante 400 militantes socialistas andaluces, el mismo día que le propuso a Alfredo Pérez Rubalcaba un cambio del modelo fiscal que aliviase el peso de la crisis a las clases medias.
Dos años después de aquel discurso, el Gobierno andaluz anunció ayer que aprobará en junio una ley contra el fraude fiscal que incluirá la revisión profunda de los criterios para conceder subvenciones, bonificaciones y otras ayudas públicas a las familias. El cambio sustancial, que ayer destacó la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, es que a partir de ahora la Junta no sólo tendrá en cuenta la renta a la hora de otorgar ayudas, sino también el conjunto del patrimonio. La medida no tendrá un fin recaudatorio. El objetivo último será redistribuir el dinero público de forma equitativa para que las subvenciones vayan destinadas a las familias que más lo necesitan. Hay que propiciar un reparto más justo y equitativo de las cargas de la crisis, así llegaremos a más personas que lo necesitan, para que el coste de la crisis no lo paguen sólo las clases trabajadoras, apuntó Díaz.
Con esta ley se pretende proteger a las clases medias, los asalariados, los funcionarios, en resumen, los más castigados por la subida de impuestos y los recortes públicos que ha propiciado la crisis. Redistribuir el dinero de las ayudas públicas significa que, ahora, algunas familias que perciben prestaciones no están tan apuradas como para merecer ayudas de la Junta, mientras que otras, que probablemente realizan un mayor esfuerzo fiscal, se benefician menos de las prestaciones sociales. Griñán lo expresó así: Los que viven de una nómina declaran por término medio el doble de quienes ejercen su profesión libremente o por cuenta propia. El fraude fiscal y social emborrona el sistema, deprime y desmoraliza a quienes más impuestos pagan. El presidente quería compaginar esta medida con un mayor control fiscal, apoyado en la Agencia Tributaria, para hacer un seguimiento de todo el dinero público que reparte la Junta en ayudas a educación, salud y servicios sociales.
Díaz explicó ayer que este tipo de fraude social surge porque el alto nivel de riqueza de algunas familias no está computado en las bases de requisitos que exige la Junta para otorgar determinadas ayudas. Para evitarlo, la futura ley tendrá en cuenta otro tipo de patrimonios tanto mobiliarios como inmobiliarios que producen un desequilibrio a la hora de acceder a las prestaciones. La consejera puso como ejemplo a seguir el criterio del Ministerio de Educación para otorgar las becas de estudios, que dependen del patrimonio mínimo preexistente. Muchos padres que tienen que hacer frente al pago de parte del precio público de las guarderías van a entender que no sólo compute la renta, sino el patrimonio, concluyó.
Antes de la ley contra el fraude fiscal se aprobará, a finales de mayo, la ley de transparencia. Antes del verano también podría entrar en el Consejo de Gobierno el decreto de protección a los consumidores de productos hipotecarios, la ley de participación ciudadana y la norma que regulará las grandes superficies comerciales (ésta depende de IU, que preveía incluirla en la ley contra el fraude fiscal, pero está encallada en negociaciones con el PSOE). La Junta hizo balance ayer de su primer año y destacó las políticas de crecimiento. En 2014 se prorrogará el plan de choque contra el paro, aunque aún no se han aportado datos de si el plan en vigor funciona. Andalucía tiene 145.000 parados más que hace un año.
