"Quienes piensan que la respuesta a la crisis es menos gastos y desprotección social, se equivocan (...) El adelgazamiento del sector publico se ha utilizado muchas veces como coartada para la privatización de servicios esenciales". ¿Quién sabe si José Antonio Griñán repetirá hoy estas palabras en su discurso de investidura? No han perdido vigencia desde que las pronunció la primera vez, el 22 de abril de 2009, un día antes de prometer el cargo de presidente de la Junta. Esas palabras parecen tener más sentido ahora. Pero a la luz del durísimo plan de recortes sociales que el Gobierno y las comunidades están a punto de ejecutar, hay menos margen para defenderlas.
En 2009, Griñán acababa de heredar el mando de Manuel Chaves y tenía ante sí una tasa de paro del 24%: 944.100 andaluces desempleados. Pronunció un discurso del que todo el mundo recuerda la importancia singular que dedicó a la educación y a la política educativa "como una inversión, nunca como un gasto". Trazó las líneas rojas de su mandato, que no eran otras que los límites del Estado de bienestar, y prometió que nunca las cruzaría.
El presidente ha esperado en segundo plano casi desde las autonómicas. No se ha sentado en la mesa de negociación donde PSOE e IU cerraron un acuerdo programático para los próximos cuatro años -250 medidas y 28 leyes nuevas-, no ha posado oficialmente con su socio de gobierno, Diego Valderas, pero dejó claro que prefería a IU dentro del Ejecutivo y que quería a Valderas en el puesto de mando, con rango de vicepresidente. Griñán ha esperado, paciente, y hoy retoma la palabra en la sesión de investidura en el Parlamento, donde será reelegido presidente con el apoyo necesario de IU.
Ahora tiene ante sí una tasa de paro del 33,17%: 1.329.600 andaluces desempleados y le costará más prometer que no se atravesarán las líneas rojas del Estado de bienestar. El Gobierno de Mariano Rajoy está transformando la arquitectura misma del sistema: una contención salvaje del gasto público en los Presupuestos Generales y un recorte adicional de 10.000 millones en sanidad, educación y servicios sociales que asumirán casi íntegramente las comunidades. Andalucía y el resto de regiones están obligadas a responder con una reducción del déficit público del 1,5% del PIB este año.
La Consejería de Hacienda ha remitido esta semana al ministerio su plan de ajustes, con un recorte de 2.696,8 millones del Presupuesto en vigor (32.020 millones), como consecuencia de la reducción de las transferencias de capital del Gobierno. Hacienda no ha querido explicar de dónde se ha recortado, pero tampoco ha ocultado una evidencia: no había manera de cumplir con el plan de ajuste sin tocar la sanidad, la educación y las políticas sociales.
INTERVENIDOS. Los nuevos socios del Ejecutivo andaluz, PSOE e IU, se han propuesto afrontar la crisis con políticas progresistas "para que se note dónde gobierna el PP y dónde la izquierda". Pero la imposibilidad de mantener a salvo las fronteras del Estado de bienestar parece estar empujando el debate tierra adentro: si los recortes sociales son inevitables, como reconoció la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, habrá que empezar a decidir qué es más prioritario dentro de lo prioritario.
A esa disyuntiva se enfrenta Griñán, pero de momento el debate político se centra en la autoría de los recortes. ¿Quién está mitigando los servicios sociales? ¿Quién aborda el copago sanitario, quién sube la ratio en las escuelas, quién debe despedir a interinos, quién deja de pagar la dependencia? Todo apunta a que esta legislatura estará salpicada de acusaciones y reproches entre el Ejecutivo central y la Junta.
Valderas se adelantó ayer al dibujar un escenario político en el que el nuevo Gobierno andaluz aparece preso de las circunstancias. A Andalucía, dijo a Europa Press, "le viene obligado el recorte, sobre todo con las amenazas de intervenirnos". El coordinador regional de IU, ya metido en su papel institucional, admitió que la Junta tendrá que aplicar políticas de ajuste "que le vienen sobrevenidas". "Están recortando y obligando a Andalucía a hacer una política que no compartimos, la política de recortes es impuesta y obligada", enfatizó.
En 15 días el ministro Cristóbal Montoro decidirá si aprueba el plan económico y financiero de la Junta para cumplir con el objetivo del déficit, o si amaga de nuevo con intervenir las cuentas andaluzas.Para Griñán, la parte positiva es que, por primera vez, ostenta el liderazgo indiscutible del PSOE.
El secretario general de los socialistas quiere recuperar la noción de meritocracia, nombrar a los mejores para los mejores puestos, y despojarse de las cuotas territoriales que imponen los delegados provinciales del partido. Eso pasa por menguar la administración periférica y eliminar delegaciones provinciales. Ahora el nuevo reto será compaginar ese liderazgo con la personalidad política de IU dentro del gobierno. "Quiero representar un cambio en la Presidencia de la Junta", dijo Griñán hace tres años. Hoy empieza su segunda oportunidad.
